MANUEL BARRAL | A CORUÑA
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz va a procesar a los dos presuntos piratas detenidos por el secuestro del Alakrana pero ha retirado la acusación de asociación ilícita, cargo que podría bloquear su futura expulsión a Somalia. Mientras, desde la Fiscalía se asegura que pedirá más de 200 años de prisión para cada uno de los acusados. El catedrático en Derecho Internacional Público de la Universidade da Coruña, José Manuel Sobrino Heredia, considera la petición del Ministerio público "desorbitada".
-¿Qué le parece la decisión del juez Pedraz?
-La razón viene ya formulada en el escrito del abogado defensor al solicitar que se les juzgara sólo por detención ilegal y uso de armas, porque el tipo delictivo de asociación ilícita agravaría la pena y no podrían ser devueltos a Somalia.
-Sería más fácil que superasen el máximo de seis años de condena.
-Cada delito tiene una pena, máxima y mínima, y de ahí el juez impone la pena dentro de ese margen. El problema es que se suman penas si hay varios delitos y se les declara culpables. Con lo que si se van incrementando los delitos, por muy baja que sea la pena en cada uno, la mínima se debe imponer. En el caso de asociación ilícita habría una pena importante que supondría una barrera que impediría la entrega a Somalia para cumplir allí la condena.
-La Fiscalía rechaza un acuerdo con las defensas y pedirá más de 200 años de cárcel...
-Fiscalía, defensa y juez intervienen en el delito pero con posturas independientes, por lo que actúa en este marco estimando que lo exige el derecho y la protección del Estado de Derecho. Ahí nadie se puede inmiscuir. ¿Que sea oportuno? Eso ya es otra cosa, pero puede hacerlo.
-Si la condena...
-Estamos en una fase muy inicial del procedimiento. Habrá días de negociación, presentación de pruebas, testimonios, y que se perfile la realidad de los hechos. Me parece poco sostenible que se acuse a estas personas de detención ilegal o robo con violencia cuando fueron arrestados tiempo después de producirse el hecho, en Zona Económica Exclusiva de Somalia y lejos del barco. Al fin y al cabo es su palabra contra la de los efectivos de la Armada que los detuvieron. Defensa dice que los estuvieron visualizando y controlando desde el principio pero eso hay que demostrarlo jurídicamente.
-¿Es optimista en el sentido de que la pena sea inferior a seis años y cumplan la pena en Somalia?
-He señalado en varias ocasiones que el fundamento jurídico de la competencia del tribunal es dudoso a pesar de que la Audiencia Nacional haya estimado que tiene jurisdicción. Para mí es lo primero. Lo segundo: habrá que utilizar con prudencia el derecho. Es verdad que el fiscal debe buscar la protección del Estado de Derecho pero también medir la prudencia y la oportunidad y supongo que prudencia y oportunidad, negociación y conformidad pueden llevar a una solución que, respetando el derecho, se ajuste a la necesidad de liberar a los 36 marineros.
-Si no se da una condena leve, hay dos opciones: un acuerdo con Somalia para extraditarlos o que el Gobierno les indulte tras ser juzgados. ¿Son viables?
-Ambas me parecen desproporcionadas. Imaginarse un Consejo de Ministros ad hoc para conceder el indulto a estos dos delincuentes..., no sé cómo quedaría la imagen política y jurídica de España en el concierto mundial. Sería: lo que hacen los jueces lo deshacen los políticos por conveniencia política, porque el indulto viene a ser eso. Mientras, con la extradición, y creo que es una opinión unánime en derecho, no caben acuerdos a posteriori porque sino estaríamos firmando a conveniencia los acuerdos de extradición. Jurídicamente no se sostiene. Ninguna de las dos salidas sería conveniente. La vía de la pena leve es la que correspondería a estos delincuentes ya que no los juzgamos por piratería.
-¿Por qué se dio una vuelta de tuerca para juzgarlos?
-Se habla de detención ilegal de 36 personas fundamentado en el vínculo de la nacionalidad, que eran ciudadanos españoles, pero una parte son africanos. Hay elementos sustantivos importantes para que el abogado de la defensa pueda aportar una defensa sólida frente a esta petición, desorbitada, del fiscal.
-La solución pasa por que la condena sea leve para que se cumpla lo que piden los piratas...
-Quieren el dinero. Que les den el dinero y después ya veremos si también quieren a sus compañeros.
-Pero la demanda parece clara. De hecho se está acelerando el proceso judicial y parece que el juicio se celebrará en 15 días, algo nada habitual.
-No pasa en ningún caso porque la justicia va lenta y a rastras en todos los ámbitos. Aquí es un proceso sumario, rápido, el juez tiene competencia para hacerlo, hay una urgencia social que lo justifica y es defendible que se le dé absoluta prioridad partiendo de que hay 36 personas con su vida en peligro. Se podría hacer en nada pero, ¿qué pruebas, testimonios puede haber?
-Se dice que se le incautaron móviles de algunos de los secuestrados, una navaja de Albacete...
-Que ellos participaron en el secuestro del Alakrana es obvio, lo sabemos todos. Pero en el derecho no es saber, es probar. No sólo que participaron sino el grado de participación. No es lo mismo quién mata que quién ayuda a matar. Creo que no eran los que llevaban el peso del secuestro, podrían ser cómplices. Es difícil juzgarlos por secuestro porque no estaban en el barco secuestrando a nadie. Simplemente pudieron ayudar a capturar el buque o usaron la violencia, seguramente esos móviles no se los regalaron y los cogieron a la fuerza... pero ellos pueden decir que no llevaban armas, que eran los otros... Hay elementos que habría que discutir.
-Y sería difícil de comprobar, ¿no?, porque se reduce a los testimonios de los presuntos piratas y los militares que los arrestaron, y estos no estuvieron a bordo del Alakrana.
-Testigos reales son los piratas y los secuestrados. Y los somalíes son muy parecidos unos a otros, van vestidos igual y en un momento de violencia no te fijas en los rasgos de cada uno salvo que tengan características muy particulares.
-Es decir, ¿que ni los testimonios de los marineros aclararían el caso?
-¿Cuántas veces llega un atracador a un banco y los testigos son incapaces de describirlo? El estrés, el miedo, la tensión... y eran más de 13 personas secuestrando el barco.
-¿Es difícil a la hora de decidir la condena?
-La situación es muy complicada y me disgusta lo del fiscal porque partir de posturas maximalistas en esta situación... ¿usted cree que se puede condenar a una persona a 200 años por un acto de este tipo? La pena por piratería en la reforma del Código Penal establece de 10 a 15 años con agravantes. El fiscal tendrá fundamento jurídico pero parece exagerado. Una condena de 15 años ya es muy alta. Hay muchas personas a las que por homicidio las condenan a cuatro o cinco años y habiendo una muerte.
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