Técnicos de la Xunta entran en Meirás para inventariar y peritar sus bienes

La decisión final se basará en el análisis de los datos obtenidos ayer que realicen miembros de la Real Academia de Belas Artes, de las universidades y el Consello da Cultura Galega.

GEMMA MALVIDO. A CORUÑA Tres técnicos de la Xunta
-una arqueóloga, un historiador del arte y una arquitecta- entraron ayer en el pazo de Meirás para realizar un reportaje fotográfico de los bienes que conserva
-tanto en su interior como en el exterior- la construcción cedida por el Concello de Sada a la familia Franco; y para realizar un inventario de todas las propiedades -muebles e inmuebles- de las que gozan en la actualidad el pazo y sus terrenos.
La fecha de ayer estaba marcada como límite en un auto judicial favorable a los técnicos de la Xunta -dictado el 18 de marzo- que obligaba a la familia Franco a dejarles pasar al interior del pazo para realizar las evaluaciones pertinentes a una propiedad susceptible de ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
El auto judicial dictaba que la visita de los técnicos debería realizarse "sin publicidad, en un solo día y en horario diurno" para no violar la intimidad de los herederos de Franco.
La consellería que dirige Ánxela Bugallo es la que tiene la última palabra sobre la designación o no de este pazo como BIC y tiene un plazo máximo de veinte meses para emitir su resolución, a pesar que desde Cultura esperan que el fallo no tarde tanto en hacerse público. "La Consellería tiene que evaluar los datos de los técnicos y, además, debe pedir su opinión tanto a la Real Academia de Belas Artes, como a las tres universidades gallegas y al Consello da Cultura Galega", afirmó la portavoz del órgano que dirige la nacionalista Ánxela Bugallo.
El equipo que estuvo trabajando ayer alrededor de ocho horas en el pazo es el mismo al que la familia Franco había negado la entrada hace siete meses, escudándose en el derecho a preservar su intimidad. Este recurso fue anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que falló en favor de la Consellería de Cultura alegando que prevalecía el interés público por el valor del pazo sobre el derecho a la intimidad de la familia.
Los tres técnicos de la Xunta que participaron en la comprobación del estado de los bienes del pazo tendrán ahora que realizar un inventario en el que se detallen todas y cada una de las propiedades del pazo y un peritaje sobre el valor cultural de los mismos.
Con este estudio -realizado a petición del Concello de Sada hace más de un año- la Consellería, a través de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, tiene la posibilidad de decidir si los bienes del pazo de Meirás son un Bien de Interés Cultural. Si fuese así, la familia Franco estaría obligada a abrir el edificio al público durante cuatro días cada mes de manera gratuita y la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural tendría que darles permiso para efectuar cualquier tipo de reforma en el pazo o sus alrededores, para no alterar los principios que le llevaron a alcanzar la categoría de BIC. La Xunta obligará también a los propietarios del pazo a mantenerlo en buenas condiciones. En caso de que el pazo de Meirás reúna las condiciones suficientes para ser considerado BIC, Cultura tendrá que decidir en qué nivel de protección se encontraría a partir de ese momento.
La entrada de los tres técnicos se realizó ayer sin incidentes y durante su visita a Meirás estuvieron acompañados por el abogado de la familia Franco, José Augusto Pérez-Cepeda.
Cumpliendo los plazos dictados por la sentencia, los técnicos entraron pasadas las diez de la mañana, en un coche y por una de las puertas laterales, por exigencias de los propietarios del pazo; salieron a las dos de la tarde de la misma manera y volvieron a las cuatro y media para acabar el trabajo, que duró hasta las siete y cuarto.
En Meirás, ajenos al ir y venir de periodistas, técnicos y abogados, los clientes del bar Lilo, enfrente del pazo, tomaban su café de cada mañana y seguían su rutina, sin creerse todavía que las puertas de los Franco se hubiesen abierto, aunque fuese a la fuerza y gracias un auto judicial, para que la Xunta inspeccionase sus entrañas, o lo que queda de ellas.

De la obstrucción a la alegría y a la restitución del pazo al pueblo:

La conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, lamentó ayer "el comportamiento de la familia Franco de obstrucción a la labor de la Dirección Xeral de Patrimonio" ya que sus miembros no consiguieron llegar a un acuerdo con la Xunta sobre el día en el que tenían que entrar los técnicos en el pazo, así que Cultura agotó el plazo legal de espera y entró el día marcado como límite por el auto judicial que respaldaba la evaluación de los bienes del pazo y sus alrededores. "La inspección es imprescindible para la declaración del pazo como BIC, pero es además una obligación teniendo en cuenta que ya forma parte [el pazo de Meirás] del inventario del patrimonio cultural de Galicia", afirmó la conselleira.
Menos comedido fue el presidente de la
Real Academia Galega, Xosé Ramón Barreiro, quien optó por la "restitución" del pazo a su pueblo; porque Galicia vuelva a tener lo que alguna vez le perteneció aunque "no sea gratuitamente, sino mediante un acuerdo con la familia", matizó.
El alcalde de Sada, Abel López, afirmó a
LA OPINIÓN que la entrada de los técnicos no era más que una prueba de que se estaba cumpliendo "la hoja de ruta establecida" y redundó en su idea de que el pazo debería haber pasado a ser Patrimonio Público tras la muerte del dictador. El alcalde aseguró estar "muy contento" porque el acceso de los técnicos a Meirás supone "un avance para la conservación del patrimonio". El presidente del Consello da Cultura, Ramón Villares -que influirá en la decisión de si Meirás merece ser o no BIC- afirmó ayer que la titularidad de la propiedad es un asunto que ha de resolverse "con la familia", aunque defendió su "uso público".