REDACCIÓN. FERROL.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admitió a trámite la petición del eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer, quien solicita que se investigue la legalidad de la planta de gas de Mugardos. Esta formación política consideró ayer esta decisión como "un paso adelante en la lucha por la seguridad y la riqueza de la ría de Ferrol".
El Comité Ciudadano de Emergencia de la Ría de Ferrol confirmó, por su parte, ayer, a través de sus abogados, que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falló a favor del recurso que presentó este colectivo en 2003 contra la modificación del Plan Urbanístico de Mugardos, con el que se cambió el uso de la superficie que ocupa la planta de gas.
Según el comité, la sentencia considera ilegal la recalificación al entender que debería haber incluido la declaración de impacto ambiental a pesar de que la zona ya estaba calificada entonces como industrial.
El colectivo asegura que este fallo se sitúa en la línea de otro anterior del mismo tribunal en 2004 que fue recurrido por Reganosa, ya que consideró que el estudio de efectos ambientales presentado por la empresa no era procedente y exige un estudio de impacto ambiental de mayor entidad.
El portavoz del comité, Humberto Fidalgo, aseguró que esta sentencia sobre Reganosa "viene a decir que no tiene ni el primer papel en regla" y manifestó no entender "qué hace este Gobierno enfrentado al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y enfrentado a toda la población de Ferrol, aliándose con una empresa privada", en referencia a la Xunta.
El colectivo realizó estas declaraciones en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde desde el martes quince personas mantienen un encierro indefinido con el que reclaman al alcalde, el socialista Vicente Irisarri, que se pronuncie en contra de una instalación que consideran una amenaza para la población por situarse en el interior de la ría.
El comité informó también de que el 4 de junio remitió un escrito a la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos, en el que pide que se estudie la "estafa al consumidor" que consideran que supone la instalación de Reganosa por "haber reportado" al Grupo Tojeiro unos beneficios de más de 30 millones de euros mediante el pago con fondos públicos de "unos precios exageradamente altos" por los terrenos en los que se ubica la planta de regasificación.
