NURIA RODRÍGUEZ. PONTEDEUME.
El fiscal ve indicios de delito en la concesión de una licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable de protección costera en Pontedeume. El Ministerio público pide que se investigue a los técnicos y a la comisión de gobierno que en 2001 aprobó la autorización y que entonces estaba presidida por el ex alcalde socialista Belarmino Freire e integrada por el nacionalista Manuel Rei y los socialistas Manuel Allegue y Agustín Vilariño.
La Fiscalía Superior de Galicia denunció el pasado miércoles ante el Juzgado de Betanzos la aprobación del permiso de construcción del chalé, así como la resolución en la que la comisión de gobierno asume un nuevo proyecto en el que el promotor alega que la construcción está vinculada a una explotación hortofrutícola. La ley prohíbe construir sobre suelo rústico de protección costera, como es el caso, pero la edificación está permitida si se justifica un uso ganadero o agrícola.
Los miembros de la comisión de gobierno se pronunciaron sobre la licencia y el nuevo proyecto con los informes favorables del aparejador municipal, Manuel Valiente, a quien el actual alcalde, el popular Gabriel Torrente, ha retirado las competencias para firmar obras mayores. El Concello eumés dispone de un arquitecto municipal desde principios de 2006, que fue nombrado por resolución de la Alcaldía en diciembre de 2005.
El Ministerio público ha remitido al juez todo el material del que dispone y le pide que realice "las diligencias necesarias para concluir la investigación iniciada", así como que informe "a las personas denunciadas". La Fiscalía considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio tipificado en el artículo 320 del Código Penal. Este punto castiga con una pena de prisión de entre seis meses y dos años o a una multa a la autoridad o funcionario público que informe favorablemente proyectos de edificación o conceda licencias contrarias a la norma urbanística vigente "a sabiendas de su injusticia". Además, se le castigará con la inhabilitación para desempeñar su trabajo o cargo público por un periodo de entre siete y diez años, según se recoge en el artículo 404 del Código Penal, que versa sobre la prevaricación de los funcionarios públicos.
La primera denuncia
El Juzgado de Instrucción número 1 de Betanzos dictó el pasado mes de marzo un auto de sobreseimiento en el que exime de un delito de prevaricación a la comisión de gobierno que encabezaba Belarmino Freire. En 2006, el ex alcalde fue acusado por el fiscal -que interpuso una querella por la vía penal y no administrativa- de un presunto delito de prevaricación por la concesión de una licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar sobre suelo rústico de protección costera. También acusó del mismo delito al aparejador municipal y al dueño de la vivienda. En este caso el chalé se sitúa en el lugar de Freixeiro, en la parroquia de Nogueirosa y su promotor también presentó un proyecto de explotación de arbustos frutales para lograr la vinculación a una explotación hortofrutícola.
En una situación similar se encuentran ocho viviendas en la zona de Nogueirosa y otro grupo de chalés en Centroña y Boebre, según denuncia el colectivo Fusquenlla. Fue la Consellería de Política Territorial la que instó al Concello a revisar las licencias concedidas en Nogueirosa. Ante la pasividad del Ejecutivo local, Urbanismo recurrió al juez, que ha anulado al menos cuatro licencias en Nogueirosa. El Ayuntamiento ha recurrido las sentencias, por lo que el proceso judicial no ha terminado.
