RUBÉN GARCÍA. A CORUÑA.
El fiscal responsable del área de delitos medioambientales, Álvaro García Ortiz, repasa el escrito que envió al juzgado y empieza a enumerar los vertidos que ha detectado en la ría. La cuenta llega hasta 36, de mayor o menor gravedad, y todos repartidos por A Coruña, Culleredo, Cambre y Oleiros, los cuatro municipios bañados por las aguas de O Burgo. Los derrames por fecales constituyen la mitad de los que serán investigados, y donde, según la Fiscalía, la responsabilidad es compartida por los ayuntamientos y por los particulares que enganchan las canalizaciones de sus viviendas a las redes de saneamiento o directamente a los ríos que desembocan en la zona de A Pasaxe.
El fiscal apunta que algunos de los focos de contaminación que se han detectado también están judicializados por otras causas, por lo que ahora será preciso "desgranar" -como dice Álvaro García- en qué casos pueden existir indicios de responsabilidad criminal y en cuáles una falta administrativa. El informe de la Fiscalía se encuentra en los juzgados de A Coruña desde principios de mes, donde se han abierto diligencias para decidir si personas, empresas e instituciones públicas deben responder ante los tribunales por la contaminación que ha obligado a detener el marisqueo en la ría de O Burgo hace más de catorce meses, en abril del año pasado.
Ninguna de las cuatro localidades afectadas está exenta de ser investigada por el juez, pues en todas se han localizado puntos de contaminación que afectan al molusco -almeja y berberecho-, del que viven 143 mariscadores: 99 de a pie y 44 de a flote.
La ubicación de los vertidos incluidos por el Ministerio público en su escrito judicial deja en entredicho las palabras del Ayuntamiento coruñés, que siempre aseguró que no era culpable de ninguno de los derrames y que, en caso de que existiesen, eran responsabilidad de particulares. De los 36 derrames, alrededor de la mitad son por aguas fecales y procedentes de las redes de saneamiento municipales. Álvaro García añade que la responsabilidad no es sólo del vecino o comunidad de propietarios cuyo colector vierte a la ría, sino también de los ayuntamientos por no tener controlada la situación e impedir los vertidos.
El fiscal solicitó la colaboración de los ayuntamientos, que le remitiesen datos sobre sus actuaciones y los expedientes abiertos en los dos últimos años. Prefiere no desvelar quiénes han contribuido a la investigación y quiénes no, aunque un portavoz del Concello coruñés admitió que los informes de María Pita se enviaron a Augas de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, para que este organismo decidiese después la documentación que entregaba a la Fiscalía.
El Ministerio público reclama al juzgado que exija a las partes implicadas que entreguen la documentación que falta, bien a través de requerimientos a las empresas, bien a los concellos "para que digan por qué se están produciendo los vertidos", subraya García Ortiz. "Nosotros podemos saber si [los gobiernos municipales] son sinceros porque tenemos las denuncias del Seprona y la información de Augas. Sabemos lo que saben los ayuntamientos", advierte el fiscal.
La situación de la ría, según los últimos análisis, apenas ha variado y A Pasaxe mantiene su catalogación de Zona C -es decir, que su marisco no es apto para el consumo humano- desde el 9 de abril del año pasado.
Una vieja denuncia de los mariscadores
La Cofradía de Pescadores y el Ayuntamiento de A Coruña mantienen abierto un enfrentamiento dialéctico desde hace más de un año por la situación de la ría. Los mariscadores culpan al Concello de no prestar la suficiente atención al problema y de ser el que menos colabora en los trabajos de recuperación del molusco. El Gobierno local, sin responder directamente al colectivo, mantiene que no existen derrames desde la red de saneamiento municipal. La investigación del fiscal concuerda más con las tesis de los primeros. Sólo un ejemplo, el río de Quintas, donde el Ministerio público constata la presencia de aguas residuales.
"En Santa Gema vemos que hay un problema estructural, entonces [el Ayuntamiento] debe contar qué está haciendo, lo que va a hacer, una explicación racional, porque si no pensaremos que no ha hecho nada", apunta el fiscal especializado en delitos medioambientales, Álvaro García. La reapertura de la ría al marisqueo, cerrada desde hace catorce meses, es una verdadera incógnita. El conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez (PSOE), se comprometió a que los resultados de los trabajos de limpieza de A Pasaxe se verán a finales de año, cuando prevé que la ría esté descontaminada de los principales vertidos. Sin embargo, un estudio que encarga su departamento para analizar los emisarios submarinos que existen en O Burgo no estará concluido hasta finales del año que viene; una fecha para la que también está fijada la puesta en funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales de Bens, infraestructura con la que Xunta y Ayuntamiento confían en acabar con el problema de la contaminación de la ría.
