José Ortega: "Con los deslindes expulsan a la gente de sus casas sin razón ni derecho"

PAULA PÉREZ. SANTIAGO. Se conoce hasta la letra pequeña de la ley de costas. El abogado valenciano José Ortega, que defiende casos de deslindes por toda España y representa a la Plataforma Nacional de Afectados, avisa de que no está en contra de la normativa sino de su "indefinición" y de la aplicación "fraudulenta" que de ella hace la Administración. El letrado se queja de que el Gobierno se está quedando con propiedades privadas en la costa y que esta "agresión" permanece "invisible" a la ciudadanía.
-Los afectados que usted representa han tramitado una queja ante el Comité de Peticiones del Parlamento europeo. ¿Han obtenido ya alguna respuesta?
-Tenemos una contestación diciendo que se admite a trámite y que han solicitado una investigación preliminar a la Comisión Europea y al Gobierno de la UE.
-Sin embargo, la plataforma de afectados no ha tenido éxito en los tribunales españoles.
-La Justicia española queda en bastante descrédito. Yo presenté la misma documentación al Defensor del Pueblo antes de remitirla a la Unión Europea. He recibido un par de cartas solicitando información complementaria pero no han respondido como lo ha hecho la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y eso que la UE seguro que tiene más trabajo que el Defensor del Pueblo y, sin embargo, aquellos actuaron rápido y estos no, lo cual me hace pensar que puede haber factores que nada tienen que ver con el procedimiento.
-¿Cree que su queja tiene visos de prosperar?
-Sí, por un motivo: no podrán permanecer indiferentes al documento de 250 páginas con fotos que le he enviado. Los casos que les he remitido son de escándalo.
-¿Cuál es su objetivo? ¿Quieren que se cambie la ley de costas, exigen indemnizaciones por las propiedades afectadas por el deslinde...?
-Nosotros queremos que se aplique la ley. No es una queja contra la ley de costas. No se trata de un acto de rebeldía civil contra la normativa que aprobó el Parlamento, pero la ley tiene defectos técnicos, es cierto, que sería mejor corregirlos y mejorar la definición de dominio público. Esto no es un movimiento civil en contra de la ley sino en contra de los abusos que se cometen en su aplicación para conseguir fines que no estaban previstos.
-¿Sugiere que hay intereses ocultos detrás de la intención de relanzar los deslindes?
-España tiene unos recursos económicos limitados. Cuando se construye una autopista se expropian terrenos de manera circunstancial y se pagan. ¿Qué pasa con el dominio público marítimo? La intención es buena, quieren recuperar medioambientalmente esa zona pero no se pueden permitir económicamente expropiar los terrenos y por eso utilizan la ley de costas.
-¿Son muchos los propietarios que viven ahora en la costa española bajo régimen de concesión después de que el Ministerio de Medio Ambiente haya asumido la titularidad de sus casas?
-Juegan con la sutileza y la poca información de la gente, además de utilizar procedimientos propios de una mafia. No informan a nadie de que tienen derecho a seguir viviendo en sus casas durante 30 años bajo régimen de concesión y cuando la gente lo solicita terminan guardando las peticiones en un cajón. Las concesiones que están pedidas no las están dando. Para ello desvían la atención y les llegan a aplicar el reglamento que regula las nuevas concesiones en zona de dominio público. Me he encontrado casos en los que se les pedía hasta que presentasen un proyecto avalado por un arquitecto. Eso es un abuso, un fraude y una manipulación, además de la arbitrariedad con la que se aplica la normativa. La ley de costas es una herramienta de abuso de la Administración. Además, han realizado una pirueta legal para aplicar la ley con efectos retroactivos.
-¿Qué puede hacer un propietario que se vea afectado por un deslinde?
-El problema es la desinformación. Han generado un efecto de terror en la gente a quienes están expulsando de sus casas sin razón y sin derecho.
-¿Como abogado se ha hecho cargo de algún caso en Galicia?
-Sí, el de una familia que vivía en Seselle, en la localidad coruñesa de Ares. Aunque su vivienda estaba sobre un bosque, Costas encargó un estudio morfológico del terreno y determinó que debajo había arena, de manera que pasa a ser dominio público y le arrebataron la propiedad. Es un caso espantoso.

"La ley es ambigua. Al final, decide el funcionario de turno".

–¿Cualquier vivienda construida a pie de playa es susceptible de ser incluida en el dominio público marítimo terrestre o hay excepciones ?
–No hay ninguna salvedad. Todas las propiedades próximas al mar pueden verse afectadas, siempre que el Ministerio de Medio Ambiente considere que encajan en la definición de dominio público marítimo terrestre. El problema es que la ley es muy ambigua e indefinida y, al final, todo depende del funcionario de turno.
–Las viviendas construidas en suelo urbano y amparadas por planes generales de urbanismo ¿no se salvan de pasar a ser titularidad del Estado?
–De ninguna manera. La delimitación del dominio público es independiente de la calificación urbanística. Una vivienda puede ser legal y pasar igualmente a ser titularidad estatal si Costas así lo considera.
–¿Entonces cascos urbanos como el de San Sebastián o el de Sanxenxo podrían verse afectados?
–Sí, lo que pasa es que ahí entra la arbitrariedad de la ley. En San Sebastián, por ejemplo, no se atreven a meter mano. Sin embargo, hay otros cascos urbanos en el Levante donde Costas ha declarado zonas de dominio público. En Sagunto, por ejemplo, hay zonas amplias afectadas, incluida una avenida y un paseo marítimo.