NURIA RODRÍGUEZ | PONTEDEUME
El Ayuntamiento de Pontedeume asegura que ha exigido a Einsa que llegue a un acuerdo con los propietarios de los terrenos incluidos en el proyecto de recalificación que promueve la empresa en la parroquia de Andrade.
El concejal eumés de Urbanismo, Eugenio Otero (PP), manifestó, en respuesta a una pregunta formulada en el último pleno por el BNG, que los vecinos "deben seguir negociando con Einsa". "Nosotros no podemos acordar el precio por ellos", destacó el edil.
El Concello convocó el pasado lunes a todos los afectados por la modificación puntual de las normas subsidiarias solicitada por la empresa de artes gráficas. Según informó el responsable municipal de Urbanismo, la conclusión, tras el encuentro, es que los propietarios "deben negociar con Einsa".
Eugenio Otero asegura que "en ningún momento" se negó información a los vecinos, a los que "incluso se les permitió fotocopiar el proyecto, algo que no es normal y que se ha hecho dado lo delicado del asunto".
En cuanto a las alegaciones al documento, Otero aseguró que llegaron al Concello, tras ser contestadas por la empresa que redacta el proyecto, una semana antes del pleno celebrado en diciembre, en el que se acordó dejar el asunto sobre la mesa. "Las reclamaciones tienen que ser estimadas o no por el pleno y no se debe informar antes sobre ellas, pero a la única persona que vino al Concello se le leyeron las suyas", indicó el concejal de Urbanismo.
Esa fue toda la información que dio el equipo de gobierno sobre el plan promovido por Einsa para cambiar de rústico a industrial terciario el uso de 124.270 metros cuadrados de superficie, de los que casi la quinta parte pertenecen a vecinos de Andrade.
Para una de las afectadas por el proyecto, María Díaz, la reunión celebrada este lunes fue "un lavado de imagen". "Les pedimos que leyesen las alegaciones y se negaron hasta que vayan a pleno; le preguntamos qué podemos hacer para evitar la expropiación y nos proponen entrar en una junta de compensación", señala. Para esta vecina de Andrade, la junta de compensación no es una fórmula válida. "Así agrupan a quien no quiere vender, pero estas personas tiene que pagar los gastos de urbanización del polígono, que son muy importantes, y luego no pueden disponer libremente de sus terrenos, ya que Einsa tiene la mayor parte de ellos", destaca.
Díaz comenta, además, que la zona en la que se situarían las parcelas que recibirían está próxima a un vial, pero tiene una pendiente del 50%. "El siguiente paso es la expropiación o el contencioso. Al parecer tienen todos los permisos de la Xunta y sólo resta la aprobación final. Mi madre tiene más de 90 años y a ver quién le explica que una empresa privada le puede quitar la tierra por la que luchó", añade.
Esta afectada no se opone a que Einsa recalifique sus terrenos, sobre los que se asienta y los que compró, "pero no los de los vecinos que no quieren vender".
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