PABLO LÓPEZ | A CORUÑA
José María Permuy fundó, junto a una decena de vecinos, una asociación que tiene como objetivo presionar al Concello para que las calles asociadas a la dictadura no cambien de nombre y para que monumentos cuya retirada ha solicitado la comisión encargada de asesorar al Gobierno local mantengan su ubicación actual.
-Usted ha fundado una asociación para defender el mantenimiento de las placas dedicadas a personajes ligados al franquismo. ¿Qué cree que se perderá si finalmente se cambian los nombres de las vías?
-Se perdería precisamente lo que otros quieren defender, es decir, la memoria histórica. La memoria se supone que tiene que abarcar a unos y a otros. Si se cambian los nombres se perderá el recuerdo de los personajes que les han dado su nombre.
-Usted defiende además que hay personajes que, aún formando parte de instituciones afines al franquismo, no participaron en la represión y no deberían verse afectados por esta ley.
-Sí. Un caso bastante evidente es el de Juan Canalejo. La ley dice textualmente que hay que retirar las placas que exalten la Guerra Civil y la dictadura, y Juan Canalejo no pudo participar ni en la guerra ni en la dictadura por la sencilla razón de que estaba encarcelado por las autoridades republicanas. Hay otras personas que, aunque secundaron la guerra, no participaron en actos de represión.
-También ha mencionado usted a personajes del bando republicano que, en su opinión, cometieron crímenes de guerra.
-Si un criterio para retirar las placas de personajes del bando nacional es el hecho de haber sido autoridades durante el franquismo, también debe serlo para el otro bando. En la zona republicana donde Indalecio Prieto era ministro también había represión. La ley dice que todos los que hayan sido represaliados por sus ideas o por su religión deben ser rehabilitados o compensados. La ley no especifica bandos y también habría que quitar las calles de republicanos.
-¿Cree que la aprobación de la ley de la memoria histórica obedece a motivos políticos?
-Pienso que sí. Mi impresión es que no está intentando hacer justicia, sino de criminalizar a las personas que no compartimos las ideas de los que están tomando iniciativas de este tipo. Se pretende identificar a opciones políticas que no son de izquierdas con los supuestos represores.
-¿Piensa que la aplicación de la ley puede generar tensiones en una ciudad como A Coruña?
-Hay miles de personas en la ciudad que son familiares de gente que participó en la guerra y que están enfadados por una ley que intenta criminalizar a sus parientes.