Durante los últimos cinco años dos productoras de televisión han podido acceder sin restricciones al pazo de Meirás y grabar los exteriores y el interior de la finca para elaborar sendos documentales promovidos por la Fundación Cervantes, dependiente del Ministerio de Cultura. En las inéditas imágenes de estos dos trabajos televisivos, que difundió el domingo pasado este periódico, se observa que la edificación, en buen estado de conservación y rodeada de hermosos jardines donde abundan fuentes y cruceiros, alberga objetos de gran valor: tapicerías bordadas por Emilia Pardo Bazán y parte de su biblioteca privada, apreciadas antigüedades, una espectacular vidriera, un retablo barroco, esculturas y cuadros. Sin embargo, desde hace dos meses los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura intentan acceder a la propiedad
-como paso previo a su declaración como Bien de Interés Cultural, lo que permitiría la apertura del pazo de Meirás, al menos durante cuatro días al mes, para su disfrute público- pero los Franco se han negado a franquear la puerta a los inspectores.
Esta rebeldía ante la decisión de las autoridades de la Xunta parece sobre todo un arrebato de arrogancia de última hora de los Franco por arrogarse unos excepcionales y supuestos derechos ante el protagonismo informativo y social que ha adquirido el caso en las últimas semanas. De una generosa colaboración han pasado a una hostil oposición. En una carta remitida a principios de año Carmen Franco Polo, la hija del dictador, comunicaba su disposición a aceptar la inspección de los técnicos de la Consellería de Cultura. "Mucho gusto en facilitar el
acceso para comprobar su estado de
conservación", escribió entonces Carmen Franco. Pero la cerrazón con que la familia del anterior jefe del Estado ha decidido blindar ahora el pazo de Meirás ha forzado a la Xunta a presentar un recurso contencioso-administrativo para poder entrar mediante un mandamiento judicial, lo que le puede acarrear a los Franco además una multa de 60.000 euros.
La iniciativa de la Xunta, un mero trámite administrativo de inspección que afecta a todas las edificaciones que tengan un cierto valor cultural en Galicia, carece pues de una interpretación política que algunos pretender dar, como si fuera una revancha del nacionalismo gallego contra las propiedades de los Franco, y cuenta con el respaldo de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento gallego: PP,
PSdeG-PSOE y Bloque. El líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, lo ha expuesto con claridad y sin ninguna duda: "La Xunta tiene derecho a comprobar el estado de conservación del pazo de Meirás y ese derecho debe ejercerse sea cual sea la familia propietaria porque las leyes son para todos y no puede haber distinción de apellidos", ha declarado el presidente del PP de Galicia.
Cerrar a los inspectores de la Consellería de Cultura el paso a Meirás y convertir el caso en un conflicto judicial es una penosa y equivocada decisión de la familia Franco. Basta recordar como adquirieron en 1939 la finca: mediante una aparente suscripción popular del pueblo de A Coruña que pagó 450.000 pesetas a los herederos de Pardo Bazán por una propiedad que el general convertiría a partir de entonces en su residencia veraniega.
En ningún caso el Gobierno gallego está planteando ahora una expropiación de la propiedad ni arrebatar la finca a los Franco como si se tratara de una venganza histórica y política por los cuarenta años de dictadura. Una vez muerto Franco, sus herederos han podido seguir disfrutando de Meirás y celebrando allí en los últimos años actos familiares y sociales sin que se cuestionara la titularidad de Meirás. Por eso el pulso judicial que ahora la familia del anterior jefe del Estado han decidido echar a la Xunta parece más un intento por mantener unos privilegios, más propios de un estado dictatorial que democrático, que una defensa ante una supuesta violación de la propiedad privada como parecen plantear los Franco.
