Resueltos a trasladar la histórica rivalidad entre Celta y Deportivo al terreno de la política, los alcaldes de Vigo y Coruña compiten estos días por ver quién retira más y mejores símbolos del franquismo en sus respectivas ciudades. De momento, el partido está empatado. El coruñés Javier Losada -hijo pródigo de Francisco Vázquez- anuncia una supresión general de emblemas y estatuas del antiguo régimen que, según presume el alcalde, convertirá a su gobierno municipal en un "ejemplo" de cómo se debe recuperar la "memoria histórica".
A su vez, el vigués Abel Caballero contraataca con la inmediata eliminación del escudo franquista que corona la sede del que fue Banco de España en la más poblada ciudad de Galicia. (Una interpretación estricta de la Ley de la Memoria Histórica obligaría a derribar el edificio entero, dado que fue construido en plena guerra civil por las autoridades del bando de Franco. Pero tampoco hay por qué caer en ciertos excesos). Extraña un tanto, si acaso, que todavía queden algunos -o más bien muchos- souvenirs de la dictadura por retirar en las dos principales metrópolis gallegas. Después de todo, una y otra han sido gobernadas mayormente por alcaldes de izquierdas desde las primeras elecciones municipales de 1979: un período de casi treinta años que acaso debiera haber bastado para el cumplimiento de esa labor.
Se conoce que los varios regidores socialistas y nacionalistas de Vigo y Coruña estaban razonablemente ocupados en asuntos de mayor urgencia tales que la mejora del alcantarillado, la edificación de museos y auditorios, el urbanismo o la organización del transporte público. Tanto es así que, curiosamente, la última retirada de un símbolo del franquismo en Vigo fue obra de una alcaldesa conservadora. Solucionados ya, al parecer, los más acuciantes problemas de sus ciudades, los alcaldes de las dos grandes áreas urbanas de Galicia se suman ahora a la ola de antifranquismo tardío que recorre España. Y en el caso gallego, la tradicional contienda turco-portuguesa que enfrenta a Coruña y Vigo no deja de añadirle emoción a este torneo en el que se dilucida cuál de las dos elimina con mayor rapidez y eficacia los últimos vestigios de la dictadura. Difícil lo van a tener. Como alguna vez se dijo ya en estas croniquillas, no es tarea fácil eliminar las huellas de una tiranía que se prolongó durante casi cuatro décadas. Una cosa es cambiar los nombres de las calles, retirar escudos o derribar estatuas como en gran medida se ha hecho ya; pero acaso resulte más arduo suprimir todo aquello que recuerde simbólicamente los negros años del caudillaje franquista. Prueba de ello es que treinta y un años después de la muerte del dictador sigue aún vigente la paga extraordinaria del 18 de julio con la que Franco quiso conmemorar el golpe de Estado que dio origen a la guerra civil. Ningún gobierno democrático ha pensado en trasladarla a otra fecha de connotaciones menos incómodas, del mismo modo que nadie con mando en plaza tuvo la ocurrencia de renunciar a legados del franquismo tan diversos como el antiguo Seguro Obligatorio de Enfermedad (hoy Seguridad Social), Radio Nacional de España o Televisión Española. Es natural. Tampoco los alemanes han dinamitado las autopistas que construyó Hitler ni las fábricas de su país que utilizaron como esclavos a los trabajadores procedentes de los campos de concentración. Y ahí siguen en Roma, para disfrute de turistas, los edificios de la fallida Exposición Universal de 1942, también conocida como Ciudad de Mussolini. Borrar el pasado es, en fin, un empeño de ejecución difícil y hasta contraproducente en opinión del filósofo Georges Santayana, quien opinaba que los pueblos que olvidan su Historia están condenados a repetirla. Y nadie en su sano juicio pensará que los alcaldes demócratas de Vigo y Coruña añoren la repetición del franquismo.
anxel@arrakis.es
