PAULA PÉREZ | SANTIAGO Hasta un año y medio tienen que esperar los dependientes gallegos para recibir una prestación económica o encontrar plaza en una residencia, un plazo demasiado largo especialmente para aquellas personas que tienen más edad o sufren una enfermedad grave. Muchos de ellos solicitan ayuda para sobrellevar su dependencia pero nunca llegan a recibirla. Fallecen en mitad de la tramitación, cuando la Xunta aún no ha resuelto su expediente. Según las estimaciones de la Consellería de Traballo, desde que se aprobó la ley, en 2006, han muerto en Galicia cerca de 10.000 gallegos que habían solicitado asistencia pero que no vivieron lo suficiente para recibirla.

La ley de dependencia abrió la puerta a que alrededor de unos 292.000 gallegos con algún grado de dependencia pudieran solicitar una ayuda a la Xunta, pero la Administración autonómica, que trabaja en colaboración con los ayuntamientos, se vio desbordada por el elevado número de solicitudes y por un complejo proceso de tramitación cargado de burocracia. Aunque la normativa fija un plazo máximo de 12 meses para conceder la prestación, en la práctica este horizonte se supera a menudo.

Por esa razón, la Consellería de Traballo se propone recortar a la mitad los plazos. Según el borrador del nuevo decreto que prepara el departamento de Beatriz Mato, será obligatorio reconocer el grado y el nivel de dependencia a los gallegos que lo soliciten antes de tres meses. La Administración dispondrá de otro trimestre para decidir cual es el programa de atención que más se ajusta a las necesidades del dependiente. En total, no deben transcurrir más de seis meses desde la apertura del expediente.

Pero además la nueva regulación permitirá agilizar aún más aquellos casos que son considerados de emergencia cuando la situación del enfermo es tan grave que requiere una atención inmediata.

De esta manera se podrá evitar que muchos de los gallegos que han solicitado la ayuda fallezcan sin recibirla. La Xunta estima que cerca del 11% de los dependientes que han reclamado una prestación mueren en el curso del proceso si se tienen en cuenta las estadísticas que maneja el Gobierno gallego, según las cuales hasta la fecha han recibido un total de 80.900 peticiones y se está ya prestando ayuda a otros 17.460 enfermos. En todo caso, reconocen que su sistema estadístico no es del todo fiable y que no coincide con las cifras que aporta el Ministerio de Sanidad.

Lo que sí tienen contabilizado en Traballo son 14.000 bajas del proceso. Algunas de ellas se deben a que los solicitantes deciden retirarse voluntariamente o porque no presentan la documentación necesaria. Pero la mayoría, unos diez mil casos, se deben a fallecimientos.

Después de las quejas de varias familias al Valedor do Pobo y de que esta institución saliera en defensa de los intereses de los herederos de los dependientes fallecidos, la Consellería Traballo ha decidido reconocer finalmente el derecho de los familiares a cobrar la ayuda de la que no pudieron beneficiarse los dependientes que murieron durante el proceso.

Sin embargo, no todas las familias de los diez mil fallecidos están en condiciones de poder reclamar la ayuda ya que el nuevo decreto que prepara Traballo exige una serie de condiciones. En primer lugar, sólo podrán cobrar los herederos de aquellos dependientes fallecidos cuando a estos ya se les hubiera aprobado un programa de atención y siempre que esta asistencia contemplase ayudas económicas. La otra condición es que reclamen el cobro de las prestaciones en un plazo máximo de dos meses desde el fallecimiento del beneficiario.