AGENCIAS | MADRID La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el Ejecutivo está abierto a "algunas sugerencias" que se puedan realizar en torno al proyecto de reforma de la ley del aborto y añadió que van a "conocer los informes previos" como el del Consejo de Estado, del que está "pendiente".

Así lo expresó De la Vega en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, donde señaló que la nueva ley tiene "garantías suficientes como para garantizar el ejercicio del derecho de las jóvenes" a abortar y expresó que lo deseable es que éstas tomen "la decisión con el acompañamiento de sus padres", pero en caso de "alguna diferencia" con estos, hay que proteger la voluntad de la joven en un "caso excepcional".

El Ministerio de Justicia, por su parte, ha respondido a las decenas de escritos enviados por ciudadanos que piden la paralización de la reforma de la ley del aborto con una carta en la que explica que el anteproyecto que prepara el Gobierno dará "por primera vez" rango de ley en España al "derecho a tener hijos y a decidir cuando tenerlos". "Ello no significa que las jóvenes vayan a abortar sin permiso de sus padres, sino que nadie puede oponerse a su decisión, tanto si deciden interrumpir su embarazo como si deciden seguir adelante: se trata de una decisión personal, la pueden tomar responsablemente, como cualquier otro paciente (...) pero nadie podrá imponerles su criterio", dice Justicia.

Motivos de la reforma

En casi dos páginas, el departamento que dirige Francisco Caamaño expone las motivaciones del Gobierno para impulsar esta reforma, señala cuál será su recorrido hasta llegar al Parlamento y explica algunas de las propuestas que han suscitado más críticas, como la potestad que se reconocería a las chicas de entre 16 y 18 años para abortar sin el conocimiento ni consentimiento de sus padres o tutores.

"Supone una norma equilibrada y moderna que nos acerca más a Europa y que da, por primera vez, rango de ley a la educación sexual en nuestro país, por considerar que todas las personas tienen derecho a la mejor salud posible, incluida la salud sexual y reproductiva, y derecho a tener hijos y a decidir cuándo tenerlos", explica la carta remitida por el Ministerio de Justicia.