La Xunta elimina de la ley de comercio la obligación de utilizar rótulos en gallego

PAULA PÉREZ | SANTIAGO La Xunta ha tumbado el proyecto de ley sobre comercio del Gobierno bipartito y ha anulado la obligación de usar el gallego en los letreros de los establecimientos comerciales de la comunidad autónoma. La Consellería de Economía e Industria ultima un nuevo borrador de ley en el que se da libertad a los comerciantes para que empleen el idioma que deseen en los rótulos. Esta decisión satisface las demandas del sector, que ya había mostrado su total rechazo a la normativa que preparaba el anterior gobierno -que no llegó a aprobarse- en la que se obligaba a los comercios a redactar "al menos" en gallego los letreros informativos, señales y documentos de oferta de servicios.

El argumento del departamento que dirige Javier Guerra es que la nueva ley de comercio debe respetar el Estatuto de Autonomía y advierten de que no se puede obligar a nadie a usar el gallego en sus negocios.

La medida fue acogida con satisfacción por el sector. "Nos parece fundamental que la normativa de la Xunta establezca claramente la cooficialidad del castellano y el gallego en el ejercicio de la actividad comercial", aplaudió el presidente de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas. Desde la misma organización ya se había criticado la "discriminación" que la normativa del bipartito traería al sector ya que el uso del gallego también se valoraría a la hora de recibir ayudas públicas.

Pero no es el único cambio que introduce la Xunta con respecto al proyecto de ley que dejó redactado el bipartito: también cambian los requisitos para autorizar grandes superficies comerciales. Según el nuevo borrador de Economía e Industria, aquellas áreas con una superficie superior a los 2.500 metros cuadrados que quieran instalarse en una ciudad necesitarán, no sólo autorización de los concellos, sino también el visto bueno de la consellería, que deberá evaluar el impacto de este proyecto comercial sobre el medio ambiente y el entorno urbano reservándose, por lo tanto, la capacidad de vetarlo.

Los requisitos que planteaba el Gobierno bipartito en su proyecto de ley eran, sin embargo, más estrictos ya que rebajaba a los 2.000 metros la superficie por la que un establecimiento comercial debería someterse también al visto bueno de la Xunta.

Esta normativa, sin embargo, no llegó a aprobarse. De manera que, de momento, siguen vigentes las viejas condiciones de apertura de grandes superficies.

La primera licencia la conceden los ayuntamientos en donde se ubicará el comercio. La segunda la otorga el Gobierno gallego en función de la población de cada municipio y teniendo en cuenta requisitos de carácter económico para prohibir o autorizar la apertura de ese establecimiento.

Esto, sin embargo, tiene que cambiar para ajustarse a una nueva directiva europea que defiende la libre competencia y exige el fin de las restricciones a la implantación de nuevos establecimientos. Galicia tiene de plazo hasta final de este año para adaptarse a esta norma. El Ejecutivo autonómico está obligado a retirar sus condicionantes económicos a la apertura de grandes superficies, tiene aún la baza de exigir informes medioambientales y urbanísticos a los promotores y así lo van a plasmar en el nuevo borrador de la ley de comercio, elaborado por la actual Consellería de Industria.