Los jubilados de A Coruña reconocen que hay casos de desamparo y de malos tratos a personas de la tercera edad pero no creen que se solucionen con la aprobación de una ley del mayor como propone el fiscal Jorge Sena. Consideran que no hacen falta más normas, sino que se cumplan las que están en vigor como la de dependencia. María Luisa Ansorena, presidenta de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de A Coruña, denuncia que muchos dependientes que han solicitado ayudas esperan más de un año para recibirlas

AIDA MOSQUERA | A CORUÑA Los jubilados coruñeses rechazan que se promueva una nueva normativa integral para las personas de la tercera edad, que las proteja ante situaciones de malos tratos o desamparo, como propone el fiscal de Mayores. Temen que se trate de una medida para eliminar progresivamente la ley de dependencia. "Es mejor que se cumplan las leyes ya existentes y no que se creen normativas nuevas constantemente", asegura María Luisa Ansorena, presidenta de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de A Coruña.

El colectivo demanda el cobro de las ayudas y las prestaciones de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobada en enero de 2007. Consideran que los malos tratos, tanto físicos como psicológicos y económicos, no se producen por el supuesto "vacío legal" del que habla el fiscal de Mayores, Jorge Sena, en su propuesta. "Ya hay leyes que protegen a los menores y aún así cada día aparecen más pedófilos", argumenta Ansorena, y añade que la figura del Defensor del Menor en Galicia, o su presencia en diferentes entidades, es "más que suficiente".

La presidenta de la asociación coruñesa reconoce la existencia de casos de malos tratos a estas personas. Explica que en muchos centros de mayores "se les va la mano hasta a los profesionales", y que la solución a este problema no es la creación de más leyes, sino la puesta en marcha de una que ya existe, la de Dependencia, con el aumento del número de profesionales que asisten a estos colectivos y las ayudas económicas para sus familias.

Ansorena afirma que se trata de una forma de garantizar la igualdad entre todos los miembros de la sociedad y de proporcionar formación a cuidadores que "pierden la paciencia". Muchos de los dependientes gallegos que han solicitado las ayudas tienen que esperar más de un año para recibirlas, o en el peor de los casos nunca llegan a hacerlo porque fallecen en pleno proceso de tramitación.

La portavoz de Asuntos Sociales del PP gallego en el Parlamento, Marta Rodríguez Arias, denunció ayer que "la realidad es que en 2010 no todos los dependientes van a estar listos", debido, argumentó, a la "falta de financiación" del Gobierno central. Recordó que, según los plazos de la ley de dependencia, los grandes dependientes deberían haber cobrado las ayudas en 2007 y los dependientes severos entre 2008 y 2009. La diputada popular analizó la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para la atención a la dependencia y señaló que Galicia recibirá "menos de cien millones", frente a los 440 que necesita la comunidad autónoma. Frente a esto, Rodríguez Arias destacó el "esfuerzo sin precedentes" que está haciendo la Xunta al reducir a la mitad los plazos de valoración de los niveles de dependencia y la puesta en macha de dos mil nuevas plazas en residencias y centros de día.