SELINA OTERO A CORUÑA
Ayudar a las víctimas de la violencia doméstica a independizarse, a tener su propio hogar tras una vida en común con su agresor era el objetivo del plan puesto en marcha por el gobierno bipartito de la Xunta en 2005. Cuatro años después de estrenar esta iniciativa, sólo cinco mujeres víctimas de malos tratos se han acogido a las subvenciones para acceder a una vivienda pensadas para el perfil de este colectivo.
"En el año 2006 se concedieron tres ayudas por valor de 6.000 euros y en el año 2008, otras dos mujeres recibieron ayudas por un importe de 4.000 euros", según datos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
El proyecto ideado por el ex vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, a través de la Secretaría Xeral de Igualdade y del Servicio Galego de Igualdade, y la ex conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, "ha tenido menos demanda de la esperada si tenemos en cuenta el objetivo de hacerse con una vivienda propia", según fuentes consultadas vinculadas al ámbito de la igualdad de género.
El objetivo del anterior Gobierno era conceder, a partir de 2006, una cantidad de 2.000 euros a las mujeres maltratadas y con rentas bajas para comprar una vivienda, en un momento en que el precio del metro cuadrado se situaba en los 1.143 euros. Las víctimas también podían optar a subvenciones para alquiler: la Xunta se comprometía a pagar el 80% del precio del piso a las mujeres con 470 euros de ingresos y, si cobraban hasta 1.175 euros, la ayuda podría ascender al 70%. Hace cuatro años, coincidiendo con la presentación del proyecto, fuentes del Ejecutivo gallego aseguraron: "Sólo el 10% de las mujeres maltratadas en Galicia dan el paso de denunciar y, cuando lo hacen, lo más difícil es abandonar su casa". Desde la entrada en vigor de esta ley, la cifra de órdenes de protección solicitadas en la comunidad gallega ascendió a 5.639 en cuatro años. De ellas, el 78,3% fueron aprobadas. Precisamente en 2008, se reforzó el operativo para el control y el seguimiento de las víctimas en la comunidad gallega, con un total de 3.770 efectivos de unidades especializadas en violencia de género y agentes de las fuerzas y seguridad del Estado.
"El Plan Gallego de Vivienda 2005-2009 contempló este tipo de subvenciones para fomentar la emancipación entre las víctimas de la violencia de género. La ayuda para compra de una vivienda no excluía de optar a ayudas de otro tipo", recuerdan fuentes del departamento que dirige Agustín Hernández. Pese a las facilidades puestas en marcha en 2005 para ayudar a este colectivo, la demanda de ayudas ha sido escasa. Según fuentes del actual Ejecutivo gallego, "quizás sea necesario un cambio de mentalidad por parte de las víctimas; todavía tienen mucho miedo para dar el paso de empezar una vida en solitario y desde cero".
"Es posible que hayan accedido, por renta, a viviendas de protección oficial o a otro tipo de subvenciones. Desconocemos ese dato", añadieron las mismas fuentes. De momento, el despegue de este colectivo hacia una nueva vida en libertad parece resistirse.
Por otra parte, los últimos datos de la Fiscalía de Galicia revelan que los delitos contra la libertad sexual aumentaron durante el 2008 en todas las provincias gallegas excepto en A Coruña. En la provincia pontevedresa las agresiones en el ámbito de la violencia de género pasaron de 64 en 2007 a 100 en 2008, lo que supone un 56% más. En Ourense, el incremento se situó en el 46%, alcanzando 54 casos el pasado año y Lugo registró el aumento más relevante, un 87,76%. En A Coruña se pasó de 115 agresiones en 2007 a 97 en 2008.
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