X. A. TABOADA | SANTIAGO Los llamados subsidios sociales son ayudas económicas, mensuales o anuales, que la Administración concede a aquéllas personas o familias con escasos recursos y que sufren un grave riesgo de exclusión social. Pero, ¿Resultan eficaces? ¿Consiguen realmente el objetivo para los que fueron creados, que son los de garantizar la reinserción? A estas preguntas la Consellería de Traballo e Benestar quiere dar respuesta con un "exhaustivo estudio" que revisará el actual modelo de prestaciones sociales para comprobar hasta qué punto resulta efectivo y proponer alternativas de funcionamiento en aquellos aspectos en los que se encuentren deficiencias.

"El informe tendrá como objetivo prioritario comprobar la eficacia y la incidencia real de estas herramientas de ayuda en los colectivo beneficiarios", explicó ayer la secretaria xeral de Familia e Benestar, Susana López Abella.

Los principales subsidios sociales que gestiona y financia la Xunta son la Risga -con carácter mensual- y la Axuda de Emergencia Social -anual-. De ambas líneas se benefician al año unas 5.000 personas en Galicia entre las que se distribuyen unos 26 millones de euros.

Con el estudio lo que se pretende medir es si realmente las ayudas contribuyen a solucionar los problemas de los más desfavorecidos y qué cambios podrían mejorar su gestión, partiendo de la premisa, como insistieron fuentes de la consellería dirigida por Beatriz Mato, de que no se recortarán ni derechos ni los fondos porque afectan a familias con graves problemas de subsistencia.

Entre las cuestiones que se plantearán en la revisión figura, por ejemplo, si resulta más adecuado pagar una ayuda -las cuantías son muy variables en función de la situación familiar- o gastar estos fondos en un servicio que le reporte más beneficio o en adquirir algún bien que mejore su autonomía personal y su calidad de vida, como podría ser la compra de un audífono o de una silla de ruedas.

En esta revisión del modelo, que incluye la reforma de la ley que regula precisamente la Risga (Renta de Integración Social), se contará con la opinión de las asociaciones de jubilados, pensionistas y de otras organizaciones representativas para "analizar cuáles son sus principales demandas y servicios a los que en la actualidad tienen más dificultades para acceder", según Traballo e Benestar.

Pero la Xunta no limitará su "radiografía" de los subsidios sociales sólo a los que gestiona la Administración autonómica, sino que también quiere incluir los tramitados por el Estado, que son tres modalidades dentro de las pensiones no contributivas que alcanzan a unos 50.000 beneficiarios, para ver si pueden ser mejorados. "Queremos determinar la naturaleza de las prestaciones, la financiación, los beneficiarios, el carácter y la creación de posible complementos", argumentó López Abella.

Plan concertado

La secretaria xeral de Familia e Benestar avanzó ayer, por otra parte, que en este año se destinarán 49,1 millones de euros al plan concertado con los ayuntamientos para financiar los servicios sociales de los que se encargan.Esta cantidad significa que el programa se incrementa en un 8,4% con respecto al anterior. La partida que más aumenta es la destinada a la ayuda en el hogar para dependientes, que llega hasta los 20,4 millones de euros.

Aunque levemente se recortan los fondos para los no dependientes y otros dedicados a actividades lúdicas, que en un escenario de recesión económica no tienen sentido.