AGENCIAS | MADRID
Un sacerdote nacido en Colombia, un funcionario y una abogada se cuentan entre los 34 detenidos por agentes de la Policía Nacional, dentro de la denominada operación Escarlata, que ha desarticulado una red internacional dedicada a la realización de matrimonios de conveniencia entre ciudadanos de origen colombiano y españoles, según informó ayer el cuerpo de la policía.
El grupo habría concertado más de cien bodas ilegales, a cambio de las cuales recibían entre 10.000 y 12.000 euros para legalizar la situación de los contrayentes. De esta forma, los inmigrantes podían obtener un Permiso de Residencia en España y, posteriormente, gestionar su nacionalización.
La investigación no ha concluido y se continúa analizando todo el material intervenido, por lo que no se descartan nuevas detenciones. Además, la Policía Nacional aseguró que se llevarán a cabo las actuaciones oportunas para que los organismos públicos competentes procedan a la anulación de los matrimonios fraudulentos detectados, así como a la extinción de las tarjetas de Permiso de Residencia concedidas en virtud de ellos.
A los arrestados se les imputan delitos de asociación ilícita, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, estafa, falsedad documental e infracción a la ley de extranjería.
En la operación han participado 50 agentes de la Policía Nacional, junto a otros 30 de la Policía Municipal de Madrid, que realizaron las detenciones oportunas en Madrid capital y en Valdemoro, donde también se efectuaron cinco registros en domicilios.
Hace casi dos años, los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid comenzaron a investigar a algunos de los miembros de esta organización. A raíz de esta investigación, arrancaba el operativo para detener a los cabecillas de esta red internacional, hispano-colombiana, que realizaba matrimonios "blancos" o falsificaba documentos. Sus clientes eran casi siempre de origen colombiano y vinculados al tráfico de estupefacientes.
Entre los miembros de esta red destacaba una mujer, de apodo Claudia, colombiana y nacionalizada española, quien, a través de una supuesta gestoría en el barrio de Carabanchel y haciéndose pasar por abogada, era la encargada de realizar estos casamientos previo pago de cantidades que oscilaban entre los 10.000 y 12.000 euros. Esta mujer, con ayuda de otros miembros, había tejido una red de contactos para facilitar su ilícita actividad, entre ellos algunos funcionarios, y acudía siempre a los mismos Registros Civiles y Juzgados de Paz de la provincia de Madrid y zonas limítrofes.
Las pesquisas policiales apuntan a que Claudia podría haber mediado en al menos 56 matrimonios civiles celebrados en el Juzgado de Paz de Torrelodones (Madrid), y otros 22 enlaces en distintas parroquias madrileñas.
El extranjero interesado en legalizar su situación contactaba normalmente con esta mujer y le adelantaba parte de los 10.000 euros que costaba la boda.
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