AGENCIAS | MADRID El Congreso de los Diputados aprobó ayer una modificación del artículo 77 de la actual Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios por la que podólogos y profesionales de enfermería podrán prescribir medicamentos, una condición antes exclusiva de los médicos y odontólogos.

El texto -aprobado ayer en la Comisión de Sanidad y Consumo de la Cámara Baja con competencia legislativa plena, fue apoyado por todos los grupos parlamentarios a excepción del Partido Popular, que se abstuvo en la votación- continuará su tramitación en el Senado, donde si no se producen enmiendas se dará luz verde definitiva a dicha modificación.

De este modo, los podólogos tendrán competencias exclusivas para recetar medicamentos sujetos a prescripción médica mientras que, en el caso de los enfermeros, podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos de venta sin receta, los llamados OTC -tales como el ibuprofeno, el paracetamol o el acido acetilsalicilico- y los productos sanitarios (gasas, vendas, apósitos, etcétera) que estos profesionales utilizan en su práctica diaria.

Para su dispensación hospitalaria o acogerse a la financiación por parte del Sistema Nacional de Salud (SNS), las comunidades autónomas (a excepción de Andalucía, que ya autorizó este año la prescripción enfermera) deberán elaborar una orden de dispensación que lo haga efectivo, algo que según fuentes del Consejo General de Colegios de Enfermería podría estar listo unos meses después de que las Cortes den luz verde definitiva al texto.

Por otro lado, en cuanto a los medicamentos que necesitan receta médica para poder ser utilizados, la nueva ley establece que el Ministerio de Sanidad y Política Social tendrá como máximo un año para fijar con las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros qué medicamentos y en qué condiciones podrán ser dispensados por el enfermero.

Para tomar estas decisiones -que deberán quedar registradas en una serie de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial de elaboración conjunta- se tendrán en cuenta tanto la experiencia y especialidad de cada profesional como la situación de cada paciente.

Según la diputada socialista Pilar Grande, se trataba de buscar una forma jurídica que ampare "de forma estable y permanente" la situación actual por la que, desde hace años y cada día, muchos de estos profesionales sanitarios prescribían determinados medicamentos "al borde de la legalidad" en el marco del Sistema Nacional de Salud.

Por su parte, María Concepció Tarruella, de Convergencia i Unió (CiU), reconoció el "consenso inexcusable" de todos los agentes implicados y aseguró que "mayores garantías ya no se pueden dar".

Tarruella, en cambio, se mostró decepcionada por la abstención final del Grupo Popular cuando "han estado de acuerdo durante todo el proceso de negociación" y teniendo en cuenta "que tanto médicos como enfermeros han cedido en sus pretensiones por la seguridad de los ciudadanos y una atención sanitaria de calidad".

Ante esto, el diputado popular Mario Mingo se escudó en que "el texto todavía se puede mejorar" y en que hay unos profesionales que también pedían ser incluidos dentro de estas competencias: los fisioterapeutas. El resto de grupos no pusieron en duda la cualificación de estos profesionales pero no encuentran competencias en farmacología dentro de sus planes de estudios.