AGENCIAS | MADRID
El Congreso de los Diputados pidió ayer al Gobierno que los efectos de las bebidas alcohólicas o de las drogas se consideren una agravante específica y no una circunstancia atenuante o eximente en los delitos relacionados con la violencia de género, al igual que ocurre en la seguridad vial. Además, los grupos demandan que la orden de alejamiento que se conceda a la madre se extienda a los hijos y que los padres que tengan una condena firme por violencia machista pierdan la custodia de los menores y la patria potestad. Estos son algunos de los datos que contiene el informe de conclusiones de la Subcomisión del Congreso sobre violencia machista, que fue aprobado con el apoyo del PSOE, PP, CiU y BNG, aunque los populares y los nacionalistas catalanes se reservan la posibilidad de presentar un voto particular en el que solicitar nuevas medidas.
El documento final, elaborado tras la comparecencia de una treintena de expertos, se enviará al departamento dirigido por Bibiana Aído para que lleve a cabo las recomendaciones que considere oportunas. En estos momentos, el hecho de haber cometido delitos machistas bajo los efectos del alcohol o de las drogas es una circunstancia que puede rebajar o incluso anular la pena del maltratador.
Por otra parte, en el informe se pide que no se acepte el Síndrome de Alineación Parental (SAP) ni la aplicación de su terapia por parte de los tribunales de justicia ni de los organismos públicos. Sin embargo, el PSOE ha retirado del texto de las conclusiones su propuesta para que la admisión a trámite de una denuncia por maltrato suponga la suspensión cautelar del régimen de comunicación y visitas de los hijos con el padre.
El texto también señala que es necesario que los profesores de los colegios e institutos tengan formación permanente en igualdad y violencia de género y que dichos contenidos estén en el currículo escolar desde los primeros años. El objetivo es que los niños creen "relaciones igualitarias desde la infancia". En la misma línea, los diputados solicitan que se incremente la formación de los jueces, abogados, fiscales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de los equipos psicosociales, así como la mejora de la coordinación de las administraciones y de los profesionales involucrados en esta lucha.
En el informe aprobado se propone que las mujeres reciban asesoramiento jurídico previo a la denuncia y a la solicitud de la orden de protección para que conozcan las consecuencias que implica esta decisión. Además, se reclama al Ministerio de Igualdad que desarrolle un sistema estadístico que permita contabilizar y visualizar la recuperación de las víctimas.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, aseguró ayer que el Gobierno "estudiará con atención" todas las propuestas que eleve el Congreso para una posible reforma de la ley integral contra la violencia de género, aunque matizó que serán escuchadas "especialmente" aquellas sugerencias que hayan sido consensuadas.
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