REDACCIÓN | A CORUÑA La provincia de A Coruña continúa siendo la que concentra el mayor número de alumnos con expedientes disciplinarios en Galicia. Aunque las cifras son menores que en otras ocasiones, el curso pasado fueron sancionados un total de 983 estudiantes, de los que un 43,5% estaban matriculados en centros coruñeses.

El alumnado expedientado en la comunidad gallega se incrementó en todas las etapas educativas salvo en el caso de Educación Secundaria, que registró un 9,5% menos de expedientes disciplinarios al descender de 938 a 848 sancionados. Pese al descenso, la ESO concentró el 90% del total de expedientes, un dato que el sindicato ANPE Galicia achaca al descontento de los estudiantes "de estas edades" con la enseñanza. En este sentido, el presidente autonómico de ANPE, Julio Díaz Escolante, señaló que el 53,77% de las llamadas al servicio del Defensor del Docente realizadas el curso pasado, se corresponden al profesorado de esta etapa educativa.

En el resto de etapas, Primaria tuvo 23 alumnos expedientados más respecto al curso anterior, en Bachillerato las cifras se incrementaron en 22 y en los ciclos de Formación Profesional en nueve. Por provincias, A Coruña y Pontevedra, con 428 y 349 respectivamente, registraron la mayoría de incidencias, mientras que en Lugo y Ourense se expedientaron a unos 137 y 69 alumnos. En el caso de Ourense, Díaz Escolante hizo hincapié en el "incremento" del indicador de la provincia ourensana, que incrementó sus cifras en un 42% con respecto al curso 2007-2008.

Ante esta tendencia en Galicia, el presidente del sindicato explicó que los expedientes disciplinarios tardan "entre tres y cuatro meses" en formalizarse, "cuando los alumnos ya no recuerdan sus fechorías", e instó a la Administración a que implante dichas sanciones "de forma inmediata".

En cuanto al programa del Defensor del Profesor, implantado desde noviembre de 2005, durante el curso pasado se registró un total de 212 llamadas, de las que 114 se corresponden con el claustro de docentes de Secundaria, 50 de FP y 48 de Primaria. De las consultas, el 76,89% fueron denuncias de carácter administrativo, el 16,51% tenían una razón de carácter jurídico y un 6,6% sobre agresiones psicológicas.

Entre las causas de las mismas, Díaz Escolante destacó las faltas de respeto, los insultos y los problemas para dar clase de muchos docentes gallegos, motivos por los que "durante algunas de las llamadas manifiestan su voluntad de abandonar la profesión educativa".

Después de presentar los datos registrados en el sindicato independiente a través del servicio del Defensor del Profesor, Díaz Escolante recordó que el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Galicia reconoció en 2006 la categoría de autoridad pública a los funcionarios docentes, que "conlleva la consideración de atentado a la autoridad" todos aquellos casos de agresiones al profesorado en el desempeño de su función.

También en el ámbito judicial, el presidente del grupo sindical reclamó a la Consellería de Educación un servicio de asistencia jurídica y de defensa al profesorado como el que "ya existe y está en funcionamiento en otras comunidades autónomas" -Andalucía y Castilla La Mancha- con el objetivo de proporcionar un servicio de consulta que explique "el protocolo a seguir" en cada situación.