AGENCIAS. El PNV elevará el próximo jueves al Pleno del Congreso una moción con la intención de que los partidos que propiciaron la aprobación de la conocida como Ley de Memoria Histórica, tras pactar su contenido con el Gobierno y el PSOE, obliguen al Ejecutivo a mantenerse fiel a unos compromisos que, según los nacionalistas vascos, han sido "traicionados". Entre otras cosas, reclama que supriman ya las subvenciones a la entidades, ya sean públicas o privadas, que no retiren los símbolos franquistas.

Esta iniciativa se debatirá y votará en el hemiciclo el próximo 19 de noviembre, la víspera del trigésimocuarto aniversario de la muerte de Franco, y es consecuencia de la interpelación que el portavoz adjunto del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban, formuló a finales de octubre al vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, sobre esta cuestión.

Una de las cosas que Esteban reprochó a Chaves fue la falta de firmeza del Gobierno para garantizar el cumplimiento de la ley, incluso en aquellos puntos que afectan exclusivamente al Ejecutivo. Por eso gran parte de la moción tiene como objetivo que Gobierno cumpla aquellos asuntos relacionados con las exhumaciones de víctimas y la retirada de símbolos franquistas.

Ayuntamientos y financiación

El artículo 15 de la Ley de Memoria abre la posibilidad de retirar "subvenciones o ayudas a los propietarios privados" que no retiren los símbolos que contengan "menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura". El PNV quiere que el Gobierno aplique esta previsión aprobando en tres meses un decreto que "señale expresamente la retirada de toda subvención y ayuda" a aquellos propietarios "públicos o privados" que mantengan simbología franquista.

Es decir, los nacionalistas vascos van más allá de lo previsto en la ley pidiendo que se sancione también a las entidades públicas que no cumplan este precepto. El pasado miércoles Esteban apuntó ya la posibilidad de que se deje de subvencionar a los ayuntamientos que se nieguen a retirar estos símbolos. Además, fija un plazo de seis meses para que el Gobierno finalice el catálogo de vestigios que debe elaborar en colaboración con comunidad y ayuntamientos.

En relación con la localización e identificación de víctimas, el PNV exige al Ejecutivo que se convierta en "agente activo" en esta tarea y le impone una serie de plazos para que ponga en marcha lo previsto en la ley. En concreto, pide que en tres meses haya un plan de trabajo sobre localización de identificación, que de "impulso" y "coherencia" a las actuaciones que se realicen en ese ámbito, y un protocolo de actuación científica y multidisciplinar que asegure la colaboración institucional en estas tareas.

Mapa de fosas

Asimismo, da un plazo máximo de un año para que esté listo el mapa de enterramientos de todo el territorio nacional y un reglamento para la especial preservación de estas área por parte de sus propietarios.

También pide que en seis meses se elabore otro mapa sobre las actuaciones en esta materia que se han llevado a cabo en la última década.

El PNV se limita a exigir y poner fecha para el cumplimiento de lo previsto en la ley en relación con las fosas, pero no alude a la iniciativa aprobada hace un mes en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que da seis meses al Gobierno para censar a todas las personas enterradas en el Valle de los Caídos. En ese texto también se insta al Ejecutivo a facilitar "económicamente las exhumaciones" y agilizar el traslado de los restos, cuando así lo soliciten los familiares o entidades representantes de los mismos.

Durante su debate con Chaves, el diputado del PNV acusó al Ejecutivo de haber fulminado los acuerdos que selló durante la tramitación parlamentaria de la ley reprochándole incluso que, al dictar las normas para su desarrollo, había recuperado la redacción original del proyecto que envió al Congreso y que luego se modificó.