AGENCIAS | OURENSE La psicóloga y el endocrino que atienden al niño ourensano con problemas de obesidad, que continúa en paradero desconocido para las autoridades, prestaron declaración ayer ante el juez y argumentaron que el ingreso del pequeño en un centro de menores sería "perjudicial" no sólo para sus padres, sino también para él.

La psicóloga que elaboró un informe sobre el menor, Clara Isabel Fernández, y el endocrino encarga do de controlar sus hábitos alimenticios, Xesús Manuel Suárez, prestaron declaración ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense y coincidieron al declarar que el cambio de la tutela del niño le causaría "un grave perjuicio irreparable".

Ambos especialistas fueron citados en calidad de testigos para ser interrogados sobre el paradero del menor y prestaron declaración por espacio de hora y media en el juzgado ourensano. Por su parte, el abogado de los padres del menor, José Manuel Rodríguez, hizo hincapié en las declaraciones de la psicóloga y del endocrino y afirmó que "ratificaron" los informes que ya se habían presentado.

José Manuel Rodríguez señaló que ambas declaraciones "deberían hacer reflexionar" a todos aquellos que "siguen luchando por buscar una solución para el bien del niño" y "actuar de manera responsable". En cuanto a las acusaciones, señaló que respetarían la decisión del fiscal jefe, pero que la inclusión del delito por abandono la creen "precipitada".

La psicóloga elaboró un informe psicológico que fue utilizado como prueba por los padres para evitar su ingreso en el centro, después de que solicitasen la realización del mismo como "condición" para entregar a su hijo. En cuanto al ámbito médico, el endocrino ha realizado un control desde el pasado mes de octubre de la dieta alimenticia del menor de diez años y ha notificado en varias ocasiones que el niño "ha perdido peso" desde que cumple con el régimen indicado.

Mientras, la Fiscalía sigue recopilando toda la documentación para presentar lo antes posible el escrito de acusación por un delito de desobediencia a los padres del menor, Luis Montoya y Margarita Gabarres, que podría suponer penas de seis meses a un año de prisión y, en el caso del delito de abandono, de 18 meses a tres años de cárcel.

Además, el fiscal incidirá en la situación de absentismo escolar del menor argumentando la "gran cantidad" de partes de ausencias al colegio -que o asistía con regularidad durante el curso pasado y no acude a las aulas desde el 2 de octubre-, presentadas por la dirección del centro a Educación.