AGENCIAS | SANTIAGO / MADRID
El PP gallego rechaza que se hagan públicos los nombres y apellidos de los maltratadores condenados en la comunidad en el informe anual que se presenta al Parlamento con datos sobre violencia de género en Galicia. Con sus votos en contra, los populares echaron abajo ayer -Día Internacional contra la Violencia de Género- la proposición no de ley del PSdeG que apostaba por recurrir a esta medida siempre que la víctima de maltrato lo consintiese.
Ante el pleno del Parlamento, la defensora de esta iniciativa, la diputada socialista Laura Seara, explicó que "no se trata de hacer un fichero ni de publicar las caras de los agresores en la pantalla de la Alameda de Santiago", sino de conocer sus identidades al igual que se hace con los miembros de ETA u otros terroristas. "La publicidad forma parte de la misma sentencia condenatoria", expuso. "No se trata de impedir su reinserción", incidió, sino de mostrar "tolerancia cero" a su actitud "en beneficio de las víctimas". Para reforzar este argumento, señaló que otras administraciones como la Junta de Castilla La Mancha y distintos ayuntamientos, publican estas sentencias.
La parlamentaria del BNG, Ana Pontón respaldó la iniciativa de los socialistas y consideró "necesario" que todas las instituciones pongan en marcha actuaciones encaminadas a "combatir" la violencia de género y a "mejorar" la seguridad de las mujeres. Así, aunque admitió que "en la última década se avanzó mucho", evidenció que todavía es "insuficiente".
En cambio, la diputada del PP María Ángeles Díaz Pardo se mostró de acuerdo con la redacción de un informe para presentar a la Cámara con los datos sobre la violencia, con el fin de reflexionar sobre la adopción de medidas, aunque discrepó con la publicación de las sentencias. "Choca con la Ley de Protección de Datos", advirtió, al tiempo que señaló que puede derivar en multas de "más de 50.000 euros". "No entiendo qué aporta conocer los nombres", enfatizó, y frente a esto, apostó por "reeducar" y no por "estigmatizar" a los agresores.
A nivel gallego, miles de personas participaron durante el día de ayer en los numerosos actos celebrados contra la violencia machista, en los que se recordó a las cuatro gallegas asesinadas este año por sus parejas y se exigieron medidas para erradicar definitivamente esta lacra. La secretaria xeral de Igualdade, Marta González, destacó que la violencia "es un problema que nos afecta a todos", y reclamó que sea abordado desde "todos los ámbitos de nuestra sociedad".
Protección de los menores
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído anunció ayer que su departamento está trabajando en aumentar la protección de los menores expuestos a la violencia machista. Aído resaltó que los niños no son sólo testigos de esas situaciones de malos tratos sino "víctimas" de las mismas. Además, aseguró que la mejor medicina para la violencia de género es "la educación".
En una entrevista en RNE, Aído indicó que su departamento tendrá en cuenta todas las recomendaciones aprobadas hace unos días por el Congreso para mejorar la ley integral contra la violencia de género, aunque "a priori" ninguna de ellas supondrá su modificación. Entre estas propuestas figura la extensión de la orden de protección de la madre a los hijos menores y la retirada de la patria potestad del padre cuando haya una sentencia firme por un delito de malos tratos en el hogar.
Sobre la recomendación de que el consumo de alcohol o drogas no sea atenuante, pero tampoco agravante en los delitos de maltrato, la ministra ha explicado que ello implica cambiar el Código Penal, por lo tanto los grupos parlamentarios pueden introducir esa sugerencia a través de enmiendas en la tramitación de reforma del Código Penal.
En esta línea, el presidente del PP, Mariano Rajoy, propuso introducir a los menores y a los ancianos como víctimas en el artículo 1 de la ley de violencia de género, que en diciembre cumplirá cinco años desde su aprobación y también apostó por eliminar como circunstancia atenuante, el consumo de drogas y alcohol.
El dirigente popular dijo que el Congreso ha elaborado un informe desde la Subcomisión de Evaluación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, en el que todos los grupos-incluido el PSOE- reconocen que la ley no ha dado respuesta a las necesidades que reclama la sociedad, por lo que hacen al Gobierno más de 50 recomendaciones para mejorar los resultados de la legislación.
Entre estas recomendaciones, Mariano Rajoy aseguró que su partido quiere llevar a las Cortes la demanda de dotar de más financiación a la ley, tener más juzgados especializados, más atención a las víctimas, y disponer de más cuerpos de seguridad destinados a atender los casos de violencia de género.