AGENCIAS | MADRID El Tribunal Supremo ha reconocido por primera vez las lesiones causadas por exceso de ruido, en este caso las sufridas por vecinos de una discoteca del barrio de l'Eixample de Barcelona que durante meses soportaron en sus viviendas niveles de decibelios muy superiores a los máximos permitidos por la Ordenanza municipal.

El Supremo ha condenado al responsable de la discoteca, Gabriel A.F., a pagar 2.700 euros de multa por nueve faltas de lesiones, que se añaden a los cuatro años de prisión que le impuso en noviembre de 2008 la Audiencia de Barcelona por un delito contra el medio ambiente. Además, se le condena a indemnizar a cada uno de los perjudicados, en concepto de responsabilidad civil, un total de 5.000 euros.

La discoteca tenía una licencia exclusivamente como establecimiento de restauración y bebidas, debiendo cerrar por ello a las dos de la madrugada entre semana y a las tres entre jueves y domingo. Sin embargo, su horario "real", según la sentencia, era de discoteca-after, ya que funcionaba desde el jueves al domingo entre las 6 y las 13 horas.

Desde el inicio de sus actividades, en diciembre de 2006, el fuerte ruido provocado por la música generó continuas denuncias de vecinos de dos calles cercanas. La Guardia Urbana de Barcelona comprobó que en el local se había instalado "ilegalmente" una pista de baile, y en las seis mediciones que realizó la Policía Judicial en viviendas vecinas se superó ampliamente el límite máximo permitido, de 30 decibelios.

Ante la reiteración de las quejas de los perjudicados y las continuas denuncias, el gerente del Distrito municipal del l'Eixample ordenó el cese de actividad, si bien el precinto quedó sin efecto tras instalar el propietario un limitador de sonido en el equipo de música, pero fue juzgado igualmente.

Esta sentencia se ha dado a conocer con anterioridad a la que tiene previsto dictar el alto tribunal respecto a otra resolución, que condenó a la propietaria de un local del Raval a cinco años y seis meses de prisión y al pago de una multa de 11.250 euros por un delito contra el medio ambiente y tres delitos de lesiones, por los daños psíquicos que causó a los vecinos, que sufrieron insomnio, estrés y depresión.