Más que un signo religioso, un elemento cultural y propio de la historia de España. Esta es la forma que el PP y la Iglesia católica tienen de definir al crucifijo, un elemento que el Congreso quiere eliminar de los centros escolares. Mientras este sector critica la iniciativa, el Gobierno discrepa con los promotores de la propuesta sobre si debe afectar a todos los colegios o sólo a los públicos. Desde Educación ven esta medida como una forma de agilizar la ley de libertad religiosa en la que se tendrá en cuenta la "pluralidad"

AGENCIAS / M. DE LA HUERTA | MADRID / A CORUÑA División total en la comunidad educativa. Esta es la consecuencia de que el Congreso aprobase esta semana una proposición de ley en la que se exige al Gobierno que retire los crucifijos de todos los centros escolares y que se ampara en una sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Mientras desde el PP, las escuelas católicas o la Iglesia critican esta medida, los propios partidos que apoyaron la iniciativa -PSOE, IU y ERC- no se ponen de acuerdo sobre a qué colegios afectará esta decisión y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero asegura que retirar los crucifijos "no está, por ahora, en la agenda del Gobierno".

El promotor de la iniciativa, el diputado de Esquerra Republicana, Joan Tardá resaltó ayer que los miembros de la Comisión de Educación que votaron la propuesta eran "muy conscientes" de que se hablaba "de todos los centros", no sólo los públicos. Sin embargo, el parlamentario socialista y ponente en la comisión, Luis Tomás, no ha querido anticipar si será de aplicación también a los privados concertados, aunque en principio entiende que por ahora afecta únicamente a los públicos.

El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Álvaro Cuesta recalcó que la medida afecta sólo al ámbito público, ya que los privados tienen derecho a transmitir la simbología de su confesión. Gaspar Llamazares, diputado de IU, también insistió en que lo que se plantea es retirar los crucifijos de las escuelas públicas.

Por su parte, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo señaló que el Gobierno entiende la iniciativa parlamentaria como una petición para que se agilice una reforma de la ley de libertad religiosa que tenga en cuenta la situación social actual y la pluralidad de acuerdo con la Constitución, que habla de "la aconfesionalidad del Estado y de que hay que tener en cuenta las creencias de la población".

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño aseguró que se va a "valorar la sentencia de Estrasburgo" para ver "qué grado de exigencia tiene para los Estados miembros", pero puntualizó que, en cualquier caso, hay que tener en cuenta que existe "una diferencia clara" entre los centros que cuentan con un ideario y los que no lo tienen. El ministro señaló que respetar el ideario de un centro educativo supone "diferencias en el régimen jurídico", y apuntó que "una de esas diferencias puede ser la de los símbolos religiosos". "Siempre es importante el ideario para tomar medidas si son de diferenciación", advirtió

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal recordó ayer la "muy clara" postura de su partido "en contra de la iniciativa de retirar los crucifijos", y opinó que "es otra operación más del PSOE para crear división de opiniones en la sociedad". "No sé si ahora que llega la Navidad el PSOE va a prohibir los belenes, las cabalgatas de Reyes Magos y va a dejar de ser fiesta el día de Nochebuena o Navidad", añadió. "Esto trasciende lo religioso, es decir, se encuentra en un ámbito cultural y está muy asentado en la sociedad española", señaló.

Una opinión que comparte el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio Rouco Varela. "El crucifijo no es un signo sólo religioso, es un humanismo que ha hecho transpirar al mundo entero con valores como el perdón o la misericordia", señaló y añadió: "Con esta medida se les priva a las familias y a los niños españoles en las escuelas del Estado el poder ver el signo más fundamental y característico de su fe, y de la fe que ha configurado su historia personal, la historia de sus familias, la historia de su pueblo". Rouco Varela también criticó la forma en la que se ha tomado la decisión, pues, en su opinión, "la democracia funciona con la libertad y no con la imposición, facilitando que se puedan ejercer los derechos y no limitándolos".

Desde el Observatorio por la Libertad en la Educación (OLE), su portavoz Carlos Seco señaló que esta iniciativa supone "la puesta en escena de la intolerancia ideológica totalitarista de sus promotores" y un "grave atentado a la libertad de ideario y de oferta educativa de los centros" educativos, así como a la "libertad y la autonomía pedagógica de los Consejos escolares".

Entre los padres de alumnos, la asociación católica Concapa advirtió de que "desobedecerá" cualquier norma que suponga una imposición de criterios morales y acusa al Gobierno central de "usurpar" el derecho de los padres a educar conforme a sus principios y convicciones. El presidente de Ceapa, Pedro Rascón, cree "adecuado" que se aplique la "jurisprudencia" europea en España.