La ley del aborto sólo permitirá objetar al personal sanitario vinculado al proceso

AGENCIAS | MADRID Los grupos parlamentarios del PSOE y de ERC-IU-ICV acordaron ayer que la nueva Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo recoja el derecho a la objeción de conciencia sólo en aquellos profesionales directamente implicados en el aborto: el cirujano y el personal de enfermería. La objeción deberá hacerse por escrito y de forma individual para "evitar las objeciones colectivas de todo un hospital", según informaron los diputados de IU y ERC, Gaspar Llamazares y Joan Tardá, respectivamente.

"Los profesionales sanitarios pueden presentar su objeción pero no cuestionar el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria de su embarazo", señaló Llamazares, quien recordó que otro de los acuerdos con el PSOE es que la futura normativa garantice que cualquier mujer podrá abortar en el territorio en el que reside.

En este sentido, la plataforma Ginecólogos por el Derecho a Vivir (DAV) - que representa a casi 200 profesionales del ramo- rechazó ayer la creación de las denominadas "listas de objetores" en los hospitales públicos, una medida que, a su juicio, sería una "restricción al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al aborto". Según las portavoces de esta organización Sonsoles Alonso y Carmen Sabadell, estos listados crean "dos tipos de profesionales", con lo que la práctica de abortos podría "aprovecharse como ventaja frente a otros colegas para conseguir un puesto o una plaza estatutaria".

Por otra parte, la nueva ley del aborto establece que los anticonceptivos de última generación - parches con hormonas, diu hormonal con píldora incorporada o anillo vaginal hormonal- sean financiados e incluidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS). "Hemos llegado al acuerdo de que estos anticonceptivos figurarán en la cartera del SNS con el nivel que se considere de cofinanciación, o el 40 % o su totalidad", explicó Llamazares, quien subrayó que de esta manera "por primera vez en nuestro país los anticonceptivos modernos pasan a ser financiados como cualquier otro fármaco". En este sentido, Llamazares evaluó que el gasto para el SNS de la financiación de dichos anticonceptivos será de alrededor de 100 millones de euros anuales.

Por otra parte, IU, ERC y PSOE han acordado que el texto de la ley del aborto -cuya aprobación dependerá de la votación realizada en el Congreso el próximo 17 de diciembre-, incluya la obligación de que tanto médicos como enfermeros reciban la formación adecuada en las facultades sobre cómo practicar un aborto.

Desde el PP, la portavoz de Igualdad, Sandra Moneo, aseguró que estos pactos "demuestran que el Gobierno quiere radicalizar aún más" el proyecto ley del aborto. "Las enmiendas pactadas vulneran la objeción de conciencia", señaló y recordó que la jurisdicción del Tribunal Constitucional permite objetar "a todos los profesionales sanitarios" que pudieran verse implicados en la práctica de un aborto.

Sobre la financiación de los métodos anticonceptivos de última generación, señaló la portavoz popular de Igualdad en el Congreso que esta política del "gratis total" deberá ser sufragada por las comunidades autónomas.