AGENCIAS | SANTIAGO El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo negó ayer que su Gobierno esté "privatizando" los servicios públicos y advirtió a los nacionalistas de que su gestión de este área se sustenta en la Ley de Servicios Sociales de Galicia aprobada por el bipartito "con los votos del BNG". De este modo respondió a la acusación formulada en el pleno de la Cámara por el parlamentario Carlos Aymerich, que criticó a la Xunta por "malvender" a empresas privadas el patrimonio construido "con dinero de todos los gallegos" y de "coaccionar" a los alcaldes para ganar su apoyo.

Núñez Feijóo aseguró que en los centros de día "no hay privatización" y que la tarifa, los precios, las prestaciones y la calidad "son públicos, cuya dirección que será nombrada por una Administración pública" y proclamó que el logro de su Gobierno será demostrar que los servicios públicos "también pueden ser eficientes".

El presidente autonómico hizo hincapié en su interés en velar por la "calidad y eficiencia" de los servicios públicos, "huyendo de la burocracia". En este sentido, denunció a los nacionalistas por "gustarles la burocracia" e indicó que cerrará su primer año de legislatura con 617 nuevas plazas en centros de día, "un 61% más de la oferta que dejó el bipartito".

En cuanto a la ley de dependencia, recordó que el pasado mes de noviembre ya había un total de 19.000 grandes dependientes cobrando en Galicia las prestaciones a las que da derecho la normativa estatal, lo que supera su compromiso adquirido en la campaña de las autonómicas de cerrar el año con 18.500 perceptores, "un 60% más de lo que el bipartito hizo en cuatro años".

Volviendo a la acusación realizada por Aymerich, Feijóo despertó gritos de indignación en las bancadas del BNG al afirmar "no sé quien privatiza, pero nosotros no", y destacó que la mitad de las plazas puestas en marcha por el bipartito tiene "el mismo modelo de gestión indirecta" que utilizará su Gobierno. El portavoz parlamentario del BNG replicó criticando que "no aparezca en la web ese 60% más" y acusó al Gobierno de Feijóo de mantener "cerrados" centros de día y galescolas -ahora escuelas infantiles- ya finalizadas "por no dotarlas del material y personal necesario para su funcionamiento". Además, colocó sobre la mesa una caja con, según dijo, 5.000 firmas de trabajadores y familiares en contra del modelo de gestión propuesto por la Administración autonómica.

Finalmente, Feijóo se cuestionó cómo el portavoz nacionalista, "con sus antecedentes", puede hablar de servicios públicos y afirmó que "sólo en dos chiringuitos - por el Consorcio y la Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos- colocaron a 4.100 empleados con la Inspección de Trabajo avisando de que estaban en fraude de ley".