AGENCIAS | MADRID Los padres deberán ser informados de que sus hijas de entre 16 y 17 años se han sometido a un aborto salvo en el caso de que éstas aleguen "fundadamente" peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo, según un acuerdo alcanzado ayer entre el PNV y el PSOE en la Comisión de Igualdad del Congreso. Los nacionalistas votaron a favor de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Durante la puesta en común de las enmiendas presentadas al texto, que llegará el jueves al Pleno del Congreso, PNV y CIU han suscrito finalmente la iniciativa al recogerse tanto la necesidad de informar a los tutores como la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios implicados en la interrupción del embarazo.

El diputado del PNV Joseba Aguirretxea precisó que los protocolos o reglamentos por los que se regirán las excepciones para no informar a los padres se decidirán en el marco de cada sistema autonómico de salud. Por su parte, la representante de CIU Mercé Pigem explicó que se abstenía en la votación de este punto como muestra de la libertad de voto existente en su formación.

El proyecto de ley ha superado su paso por la Comisión de Igualdad al sumar al texto socialista enmiendas de seis grupos parlamentarios, con 21 votos a favor, 16 en contra y una abstención.

"Pocas leyes han contado con un proceso de elaboración tan profundamente democrático y transparente como éste; se puede decir que es de las leyes más debatidas de nuestra joven historia", enfatizó la diputada socialista Carmen Montón, quien concluyó que "hoy (por ayer) es un día histórico para las mujeres en nuestro país".

Montón aclaró que la "capacidad de decidir" de las menores radicará siempre en ellas aunque la ley "no prohíbe la información a los padres". La portavoz socialista explicó que "no todas las familias son estándares" porque, "aunque lo normal es que las jóvenes cuenten con sus padres", hay situaciones en que no tienen "ese amparo". En ese marco ha situado las excepciones que recogerá la ley para evitar poner a las menores "entre la espada y la pared" o abocarlas a las "clandestinidad" sometiéndose a un aborto "ilegal e inseguro".

Montón aseguró ayer que bastará con que la menor explique verbalmente ante el médico que su decisión de abortar puede suponer un conflicto en su familia para que no tenga que informar a sus padres.

En contra del proyecto votó el Partido Popular, cuya diputada Sandra Moneo censuró el "atropello de la patria potestad" que supone esta ley, al "desproteger" a las menores de edad del "consejo y el apoyo" de sus progenitores.

Moneo criticó la postura del PNV por entender que "no sirven fórmulas intermedias ni pretendidos lavados de cara" a la hora de respaldar esta cuestión, que supondrá el "nuevo coladero" de los abortos de las menores en España. "Allá cada uno con el precio que ha puesto para apoyar esta normativa", aseveró.

El Partido Popular justifica su rechazo además en que se trata de "una ley radical" que convertirá al aborto en "un método anticonceptivo más" y que va a "banalizar" su práctica.

La diputada popular manifestó que la nueva ley de plazos supone "un atropello" a la Constitución Española y ha denunciado que en ningún momento habla del derecho a la vida del feto, de la protección de la maternidad ni de la existencia del síndrome postaborto.

Aunque los diputados de IU y ERC, Gaspar Llamazares y Joan Tardá habían criticado inicialmente la obligatoriedad de informar a los padres ayer coincidieron en no poner impedimentos "siempre y cuando la ciudadana tenga la primera y la última palabra".