Ante estos abusos, los menores se encuentran "desprotegidos" ya que, según explicaron, "no disponen de mecanismos rápidos y sencillos para presentar una denuncia y sus interlocutores son los propios trabajadores del centro".

Para ilustrar estas afirmaciones, la organización presentó el testimonio de una de las personas que, según aseguraron, han sufrido algunos de los abusos denunciados en su paso por los centros de menores. Entre ellos, se encuentra la joven andaluza Sara Casas, que a sus 25 años de edad ha recorrido cuatro centros de protección terapeúticos en Andalucía y cuya custodia de sus tres hijos fue retirada por la Junta de Andalucía, a los que consideraron los "nietos de la Junta".

La organización pide al Gobierno español y a las CCAA que investigue la situación en estos centros, que elabore protocolos para contar, controlar y supervisar estos dispositivos y que emprenda las reformas oportunas para que el poder judicial "sea visible" en estos casos, recordando que el Comité para la Prevención de la Tortura ya ha requerido a España "hasta en dos ocasiones" una investigación "exhaustiva" de la situación de estos centros.

Igualmente, instaron al Ejecutivo a modificar la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor para delimitar unos "estándares claros" sobre la situación jurídica de estos menores, así como proporcionar a las familias información sobre las posibles alternativas en materia de tutela y guarda asumida por la administración.

Asimismo, solicitaron al Ministerio Fiscal que de instrucción "inmediata a las fiscalías de menores territoriales para que ejerzan su función de supervisión de estos centros y exijan que el internamiento de los menores se lleve a cabo previa autorización judicial".