La Justicia condena al año a 70 menores gallegos por maltratar a sus padres

X. A. TABOADA | SANTIAGO Algunos no llegan a los 15 años, pero le hacen la vida imposible a sus padres. Les insultan, destrozan el mobiliario del domicilio, se mueven con absoluta libertad sin respetar las reglas elementales de convivencia, pasan del colegio y hasta recurren a la agresión física. Cuando la situación en el hogar resulta insoportable del todo, entonces los progenitores dan el paso y acuden a la policía o a la Justicia para intentar poner un poco de orden en casa. Este es el detonante que lleva a los jueces a condenar al año en Galicia a unos 70 menores por delitos de malos tratos que causan a sus familiares directos, ya sean padres o hermanos. Por este motivo, la Justicia decretó bien el internamiento o libertad vigilada para 33 menores en 2005, 60 en 2006, 61 en 2007, 73 en 2008 y 76 hasta diciembre de 2009, si bien algunos de ellos -en una cifra sin concretar- fueron reincidentes en las penas.

Según los datos que maneja la Consellería de Traballo e Benestar, los jueces impusieron al 30% de estos menores penas de internamiento en centros de la Xunta mientras que al 70% restante se le condenó, de forma mayoritaria, a libertad vigilada. Además, como pena asociada, a muchos de estos menores se les obliga a asistir a terapias o programas de control de la violencia para intentar reconstruir los lazos familiares y la convivencia en el domicilio.

Pero los padres que denuncian a su hijos por un comportamiento violento son los menos. La Xunta admite que gran parte de los casos de malos tratos provocados por menores no son denunciados porque los padres sienten que fracasaron por completo en la educación, porque les invade un fuerte sentimiento de culpa el tener que recurrir a la policía o la Justicia o simplemente porque tienen medio a las represalias. El psicólogo Andrés Pérez, que atiende a estos menores conflictivos, asegura que cuando estos adolescentes explotan no respetan nada y sus reacciones van desde el maltrato verbal, con toda profusión de insultos, al destrozo de los muebles que encuentran a mano, cuando no se produce una agresión física contra los progenitores.

Tanto para atender a estos menores como a otros que también crean un clima irrespirable en el ámbito familiar por su grado de conflictividad, la Xunta tiene en marcha un programa específico para familias en 36 centros de terapia repartidos en las cuatro provincias, por el que entre los años 2005 y 2008 han pasado 298 familias, 31 en 2005, 50 en 2006, 80 en 2007 y 137 en 2008.

Perfil de víctima y agresor

¿Cómo son los menores violentos con sus familiares más directos? Andrés Pérez los define como chavales que se han educado, por las razones que sean, en un ambiente de "alarmante permisividad", que ni estudian ni trabajan, se creen con derecho a todo, que viven en una realidad aparte y que refuerzan su comportamiento al rodearse de amigos con iguales expectativas.

¿Y sus padres? Pues como unas personas a las que la situación se les fue de las manos por falta de autoridad y que ahora se sienten terriblemente incompetentes y desautorizados para reconducir las relaciones familiares.

Andrés Pérez trabaja en el Centro Cambio destinado a ofrecer terapia familiar a aquellos hogares marcados por la conducta violencia de los hijos menores de edad. Asegura que estas situaciones se dan tanto en ambientes rurales como urbanos y en todas las clases sociales, aunque tienen más riesgo las familias desestructuradas y las monoparentales.

La terapia consiste en reunir al máximo número de componentes familiares para ir cambiando las reglas de convivencia y la dinámica de años que llevó a unos menores a causar malos tratos a padres y hermanos. Según explica el psicólogo, a los padres se les exige que retomen los roles como tales, imponiendo su autoridad con gestos como el de llamar a la policía en caso de un nuevo capítulo de violencia. "Es una forma de empezar, de mandar el mensaje de que no los van a encubrir más", asegura. A los menores se les intenta sacar de ese "circuito cerrado" en el que viven, "desmitificando todas esas ideas estúpidas de que pueden hacer lo que les dé da la gana" y mostrarles las salidas que les ofrece la vida.

Las terapias duran entre tres y seis meses y tienen un 75% de éxito. Pero a ellas no se va voluntario. "La mayoría viene porque detrás hay una medida judicial", dice.

La Xunta asumió hasta este pasado diciembre la tutela de 1.517 niños en situación de desamparo, lo que supuso la retirada de la patria potestad de sus padres, y además se hizo cargo de la guardia de unos 700 menores. De este modo se refleja en los datos facilitados por la Consellería de Traballo e Benestar, que precisó que la guardia es una vía temporal hasta que se resuelven los problemas de fondo que llevan a que una familia no pueda atender "adecuadamente" a sus hijos, pero no hay razón para la asunción de la tutela por parte de la Administración.

En el transcurso de 2009, según Benestar, se formalizaron más de 1.283 acogimientos familiares, lo que supuso cambiar de entorno a unos 1.500 niños. De estas familias que se prestan a cuidar a los menores, la mitad recibió algún tipo de ayuda económica para hacer frente a los gastos extra derivados de esta acción. En cuanto a los acogimientos residenciales, según los datos de la Xunta, hasta diciembre había casi 900 internados, tras agotarse todas las vías de posibilidades de acogimiento familiar.

Además, unos 4.000 menores gallegos se encuentran en situación de riesgo, es decir, casos en los que no son necesarios la asunción de la guardia o tutela por parte de la Xunta, pero en los que sí se constata un riesgo por circunstancias personales, familiares o del entorno para el correcto desarrollo del niño. Para ayudar a frenar estas situaciones, el Gobierno gallego recordó que cuenta con varios programas, entre los que destacó las ayudas de prevención a familias en situaciones de carencias graves, de tipo económico, y el Programa de Integración Familiar. Además, la Administración dispone de un convenio con expertos en terapia familiar.