Los internautas diseñan un plan contra la ley que permite cerrar webs en 4 días

AGENCIAS MADRID Los representantes de las asociaciones de internautas rechazaron ayer por unanimidad la disposición del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible mediante la que el Gobierno establece que la Audiencia Nacional podrá cerrar en cuatro días las webs que vulneren los derechos de autor. Por ello, han establecido un plan de acción mediante grupos de trabajo para contestar esta medida y hacer presión para la elaboración de una ley orgánica.

Tras una reunión mantenida ayer, representantes de asociaciones de internautas, blogueros, juristas y organizaciones de usuarios aseguraron que el plan para frenar la piratería digital del Gobierno "nos acerca hacia el secreto administrativo de la época franquista". "Partimos de las declaraciones que hizo el ministro de Justicia tras el Consejo de Ministros porque todavía no tenemos el texto legal, y según estas afirmaciones las medidas legales que preparan suponen un retroceso en los derechos y libertades que se habían conseguido", explicó Javier Maestre, abogado experto en propiedad intelectual y nuevas tecnologías y uno de los portavoces de la Asociación de Internautas.

Estas organizaciones quieren dejar claro que están de acuerdo en declarar "el carácter incorrecto de la actual legislación en materia de propiedad intelectual", y "particularmente esta última medida que parece que ha tomado el Gobierno, por ser un retroceso en materia de derechos y libertades fundamentales", añadió el portavoz de estos usuarios de la Red.

No obstante, Maestre señaló que esta es una declaración de principios básicos, pero que hasta que no tengan el texto legal definitivo en las manos y lo puedan analizar, no pueden señalar las medidas que van a tomar para dar respuesta al plan. "Ya hemos creado un grupo de trabajo. Cuando conozcamos el proyecto, parece que el lunes o martes, adoptaremos una ruta de trabajo concreta", concluyó Maestre.

Los internautas también denuncian que la disposición incluida en el anteproyecto de ley, que contempla el cierre o bloqueo de páginas de descargas ilegales, se ha elaborado "sin contar con la sociedad civil", por lo que pidieron que algo que va a afectar a los ciudadanos se lleve a debate.

Para estas asociaciones, la disposición normativa anunciada por el Gobierno es un "apaño" y un "atajo" que, a su juicio, debe regularse de otro modo, pues "espiar comunicaciones electrónicas o decidir si hay que cerrar o no una página web, tiene que ir bajo la regulación de una ley orgánica, cuanto menos".

Quienes rechazan esta medida piensan llevar a cabo una presión al Gobierno aprovechando la presidencia española de la UE ya que "en estos momentos las decisiones que se tomen aquí tienen más repercusión".

Las medidas aprobadas por el Gobierno contra la piratería en internet serán aplicadas "proporcionalmente", afectarán en todo caso a "entre cien y doscientas páginas de descarga ilegal" y no tienen como objeto cerrar blogs personales, aseguró ayer la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.

"Hablamos de una página que se lucra y perjudica a alguien porque explota un producto para el que no tiene licencia ni contrato de ningún tipo y eso no tiene nada que ver con un blog que cita un fragmento o pone un videoclip de una canción", señaló la titular de Cultura. "Ocurre igual todas las semanas cuando Sanidad ordena bloquear el acceso desde España a páginas que venden medicamentos no autorizados o falsificados y nadie se rasga las vestiduras ni se ha preocupado nunca de que Sanidad le fuese a cerrar el blog", sostuvo.

La ministra insistió en que la ley siempre obligará a una actuación proporcional, y además con la garantía de una resolución judicial: "No sería lo mismo tu blog personal, en el que pones una canción, que los casos de Alicante y Valladolid, en los que han sido detenidas dos personas responsables de páginas web con una oferta ilegal de contenidos".

González-Sinde, que "en absoluto" se ha sentido desautorizada en este proceso por otros compañeros del Gobierno o por su presidente, recalcó que "este no es un trabajo que pueda acometer ningún ministerio solo", y de hecho ha trabajado coordinada con los titulares de Industria, Justicia e Interior.