MARÍA DE LA HUERTA | A CORUÑA
La Real Academia Galega (RAG) considera que el borrador del decreto del idioma en la enseñanza "rezuma poco afecto por el gallego" y critica que la "bandera trilingüe" se utilice para "ocultar la pérdida y sustracción educativa" de esa lengua. "No se puede implantar el inglés a costa del gallego", señala la RAG en su informe sobre el proyecto normativo de la Xunta, un documento en el que los académicos también tachan de "inaceptable" la propuesta del Gobierno autonómico porque, entienden, supone "un claro retroceso" en el proceso de normalización lingüística, y porque, además, "contradice la legislación vigente y la jurisprudencia emitida por los altos tribunales".
El secretario y presidente en funciones de la RAG, Manuel González, destacó ayer que el informe sobre el borrador presentado por el Ejecutivo gallego, que "expresa el sentir unánime de todos los académicos", es un documento "razonado, fundamentado y realizado con espíritu constructivo", y manifestó su deseo de que "sea objeto de reflexión" por parte de la Xunta. "Aquí nadie está pensando en prescindir del castellano. De lo que se trata es de impedir la suplantación definitiva del gallego", señaló González.
Además de calificar de regresivas e "inconsistentes legalmente" las bases del futuro decreto, el informe de la RAG considera "irresponsable" la propuesta de la Xunta ya que, subraya, "deriva a otros ámbitos una cuestión que es competencia única de la Administración autonómica", en referencia a la encuesta realizada a los padres sobre el uso del idioma en la enseñanza. "La consulta vinculante a los padres no se sustenta legal ni pedagógicamente", apuntan los académicos en su informe, y recuerdan que el Tribunal Constitucional "niega inequívocamente que los padres tengan derecho a elegir la lengua de enseñanza". "El único ámbito en el que la Constitución reconoce a los padres el derecho a intervenir en la educación de sus hijos es en asuntos relativos a la religión o a la moral", señala.
El informe de la RAG sostiene, además, que en los niveles superiores la opción lingüística tiene una vigencia de cuatro años, por lo que "habría padres que impedirían la libertad de elección a los padres de los tres cursos siguientes y seguirían decidiendo el funcionamiento del centro incluso cuando sus hijos ya estuviesen finalizando el grado universitario". Por todas estas razones, y porque "creará más problemas de los que pretende resolver", los académicos instan a suprimir ese punto y cuestionan otros aspectos del decreto, como la supresión de la discriminación positiva del gallego o la ampliación a tres años de la exención de ese idioma para los alumnos foráneos.
. Discriminación positiva. La RAG entiende que la igualdad que postulan las bases del decreto del idioma en la enseñanza es "la igualdad de desiguales" porque tratar igual a tres lenguas -gallego, castellano e inglés-, cuando una de ellas, el gallego, "no necesita documentar su marginación histórica", es "un acto de desigualdad". "El Tribunal Constitucional, en situaciones paralelas a ésta, ya alertó contra el tratamiento formalmente neutro que acaba generando un impacto adverso", destaca.
. Legislación actual. En su informe, los académicos reconocen que derogar un decreto anterior entra en las competencias ordinarias de la Xunta, pero recuerda que una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) "validó contenidos esenciales" de la normativa actual y "sólo reprobó algunos aspectos de procedimiento".
. Organización de los centros. La RAG también hace alusión a los "problemas prácticos" que puede generar en los centros de enseñanza la futura normativa sobre el uso del idioma, y señala que como los resultados de la encuesta a los padres, teóricamente, pueden dar cifras de 49% y 51% a favor de cada una de las lenguas", hasta pasar los exámenes de septiembre "no sería posible cerrar las matrículas y saber cuál sería la lengua predominante en las aulas". "Esto afecta a la planificación y distribución editorial, y a la contratación del profesorado", advierte la Academia.
. Garantía de la competencia lingüística al finalizar los ciclos. Los académicos creen que éste es uno de los puntos más interesantes y positivos del decreto porque "reproduce lo que estipula la lei de normalización lingüística", aunque subrayan que el borrador no define cómo se va a comprobar esa competencia ni cuál será el nivel mínimo exigido para cada ciclo.
. Libre elección de la lengua por parte del alumnado. La RAG considera que es uno de los aspectos "más extraños" de las bases de la futura normativa, ya que "el profesor estaría obligado a enseñar en la lengua que decidan los padres, pero el alumno no estaría obligado a hablar en la lengua en la que explique el profesor". "Es una norma de intención extraña, sobre todo porque el idioma extranjero queda a salvo de esa discrecionalidad", destaca la Academia en su informe, al tiempo que afirma que "parece más pedagógico que el alumnado utilice la lengua establecida para esa materia, que para eso se estableció", subraya.
. Exención del gallego. Los académicos respaldan, porque la ley así lo establece, que los alumnos foráneos queden exentos de ser evaluados en lengua gallega durante uno o dos años. En su informe apunta, no obstante, que de los dos años del actual decreto, se vuelve a los tres en el borrador de la Xunta.
El informe de la RAG alerta, además, de que el sistema educativo corre el riesgo de convertirse en un "espacio degradado, con segregaciones y conflictos, por extraños intereses" -dice textualmente-, y defiende la inmersión lingüística como modelo eficaz de normalización. Además, hace un llamamiento al diálogo y confía en un cambio de rumbo de la política lingüística de Feijóo.
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