Las autonomías deben dictaminar las ayudas a dependientes en seis meses

AGENCIAS | MADRID Las comunidades autónomas tendrán que dictaminar las ayudas que correspondan a las personas dependientes en un plazo máximo de seis meses, con lo que se reducirá a la mitad el periodo que suele conllevar este trámite administrativo, según el acuerdo que se adoptó ayer por unanimidad en el Consejo Territorial de Dependencia. La Xunta trabaja desde hace meses en esta misma línea y por ello, la conselleira de Benestar, Beatriz Mato anunció que esta semana o la siguiente aprobarán un decreto con el mismo plazo.

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez destacó ayer el "gran valor político" de este acuerdo, que tendrán que incorporar las comunidades en su normativa, y que permitirá reducir los tiempos de espera para que las personas dependientes puedan percibir estas prestaciones. Un acuerdo que no establece, sin embargo, el plazo en el que las ayudas tendrán que ser efectivas. Jiménez informó tras el Consejo de que a uno de enero de 2010, 743.596 personas tienen derecho a percibir las ayudas por dependencia en toda España, de las que 485.526 ya las están recibiendo y 258.070 continúan en espera. Sobre este último colectivo, según la ministra, existe un "firme compromiso político" para que los afectados sean incorporados al sistema cuanto antes.

Jiménez señaló que actualmente algunas comunidades cumplen los plazos previstos, pero otras tardan entre 10 y 12 meses sólo en valorar los expedientes. Además, precisó que en los casos en que las autonomías tengan establecido un proceso "en dos pasos", para reconocer el grado de dependencia y después el derecho a la prestación, el primero tendrá que consolidarse en un plazo máximo de tres meses.

En cuanto a los niños menores de tres años, el periodo será de treinta días a efectos de ampliación del permiso de maternidad o paternidad o de los correspondientes subsidios. Además, las comunidades y el Gobierno central han acordado que cada año se revise cual es la situación del beneficiario -ya sea menor o adulto- y la capacitación de sus cuidadores.

Por su parte, la conselleira de Benestar pidió ayer al Gobierno que financie al 50% el coste que supone la atención de los dependientes, no sólo cuando se lleva a cabo en los domicilios, sino también en los centros de día o en las residencias.

El Gobierno central propuso dar una cuantía fija a las comunidades autónomas para financiar el cuidado de sus dependientes. Mato votó en contra por considerar que hay que tender a que el coste que el Estado paga sea por el servicio que se presta: el 50% porque actualmente no llega "ni al 25%". Mato recordó que una plaza en un centro cuesta sobre 2.300 euros al mes por dependiente y que el Ministerio da unos 260 euros.