AGENCIAS | MADRID / LAS PALMAS
Las tres asociaciones con mayor representación entre los jueces españoles expresaron ayer su malestar por la polémica reabierta acerca de las medidas punitivas para menores delincuentes porque "no es un debate serio", genera "alarma social" y nace de "intereses políticos", no de una reflexión "serena y argumentada" sobre el sistema penal español.
Así lo expresó el portavoz de la agrupación Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Jimeno, para quien "esta polémica cíclica ha surgido cada cierto tiempo en los últimos tres años en función de intereses de carácter político" porque a la hora de la verdad, "nunca se ha llegado a debatir en serio" y "ninguno de los políticos que lo proponen ha presentado nunca una iniciativa sobre el tema en el Parlamento".
"Se está generando de manera deliberada alarma social porque se está lanzando un mensaje que no se corresponde con la realidad", apuntó Jiménez, para explicar que España es el país de la UE que tiene el índice mayor de reclusos en términos relativos y "en ningún país del entorno se prolongan las penas más de lo que se prolongan aquí".
En este sentido se expresó también el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura , Antonio García, quien aseguró que abordar la cadena perpetua e introducir el término "revisable" es una discusión "puramente oportunista y semántica" ya que se trata de propuestas "más formuladas desde el punto de vista del interés en coordenadas de contienda política, que desde lo que pueden ser necesidades reales en una democracia".
Desde la asociación de magistrados Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero apuntó, además, que esta discusión "no sólo se reabre en la sociedad española, sino en todas aquellas en las que no existe la cadena perpetua o no se aplica" porque los familiares de la víctima "nunca estarán satisfechos con ninguna pena cuando el delito es tan grave". Las tres asociaciones coincidieron en que la cadena perpetua "no tiene encaje constitucional" en España, donde la pena de prisión tiene como fin la reinserción del delincuente.
La de los jueces no fue la única crítica que recibió ayer la propuesta del presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, de abrir el debate en torno a la instauración de la cadena perpetua. El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, insistió en que la cadena perpetua en España es "inconstitucional", y acusó a Javier Arenas de "utilizar política y electoralmente el dolor de la familia" de Marta del Castillo, al instar a abrir este debate cuando se cumple un año de la desaparición de la joven. Chaves aseguró que el PP no presentó ninguna iniciativa en el Congreso de los Diputados en este sentido.
"Es un debate que está en la calle y nos hemos hecho eco. Hasta ahí hemos llegado", explicó ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien sin embargo no ha aclarado si su partido presentará alguna iniciativa en este sentido o la incluirá en su programa electoral. "Es un debate en la sociedad española, se puede plantear y se puede hablar de ello. Nosotros no hemos dicho que vaya a ser una propuesta del PP sino que es un debate que hay que tratar", añadió.
El PSOE sin embargo animó a los populares a tomar la iniciativa. La número tres del PSOE, Leire Pajín, emplazó ayer al PP a que, "si es partidario de verdad de la cadena perpetua", presente alguna enmienda en ese sentido ante el Congreso de los Diputados, que actualmente está tramitando una reforma del Código Penal. Pajín tildó de "irresponsable reflexión" la propuesta de Arenas y le advirtió de que no se puede "legislar a golpe de telediario".
El portavoz de Política Social de CiU en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, dijo hoy que no tiene la impresión de que el debate sobre la cadena perpetua esté en la calle y que su implantación sería "una marcha atrás, una vuelta al pasado"