El número de delitos de violencia contra la mujer ha descendido en Galicia durante el 2009, especialmente en A Coruña donde las diligencias registradas se sitúan en un 25% menos que el año anterior -414 frente a las 517 constatadas en 2008-, según comunicaron ayer los responsables de las fuerzas de seguridad al Fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela durante una reunión en la que debatieron entre otros aspectos la falta de coordinación entre las diferentes administraciones en la lucha conta estos delitos .
Según datos de la Fiscalía, la Guardia Civil instruyó en Galicia 1.172 diligencias por malos tratos en 2009, de las cuales 414 correspondieron a la provincia de A Coruña; 173 a Lugo; 125 a Ourense y 460, a Pontevedra. El número de detenidos e imputados fue de 1.015 (400 en la provincia de A Coruña; 170 en la de Lugo; 108 en la de Ourense y 337 en la de Pontevedra). Además, las órdenes de protección en vigor ascienden a 1.910 en toda Galicia (610 en A Coruña; 457 en Lugo; 205 en Ourense y 531 en Pontevedra). En cuanto a la Jefatura Superior de Policía de Galicia, el número de órdenes de alejamiento asignadas fue de 1.600. En ocho casos, se adoptaron medidas excepcionales de protección.
La mayor preocupación mostrada por Carlos Varela es el "incumplimiento" de la Ley orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 desde los propios ayuntamientos gallegos. Así, el fiscal destacó que las Mesas de Coordinación de Violencia de Género, previstas en dicha ley, están constituidas "en menos de treinta municipios" de toda la comunidad cinco años después de su aprobación, y recordó que todos los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes "deberían constituir estas comisiones para dar el tratamiento correspondiente" a esta problemática.
Estas mesas de coordinación deben estar integradas por los servicios sociales municipales, el Juzgado de Violencia contra la Mujer del partido judicial, el Sergas y el puesto de la Guardia Civil correspondiente. Sin embargo, "carecen de una estructura fija en todos los ayuntamientos y de una buena coordinación con la Policía Local correspondiente", lamentó Varela.
En el aspecto judicial, los responsables policiales transmitieron al Fiscal Superior de Galicia los problemas que se encuentran los agentes cuando "no tienen constancia de la vigencia de las medidas de protección adoptadas" por los órganos judiciales y deben optar por la "detención o imputación del presunto agresor", y su posterior puesta en libertad después de que preste declaración. En este sentido, Carlos Varela reconoció que "a veces es la propia víctima" la que comunica a las fuerzas de seguridad las medidas adoptadas por un juzgado e hizo hincapié en la importancia de "mantener actualizado" el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica, tarea que corresponde "a los órganos judiciales". En la reunión mantenida ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, se analizó también la necesidad de "realizar una adecuada valoración del riesgo que presenta el agresor en base a datos objetivos", explicó Varela. Se trata de cinco niveles -de riesgo- que las fuerzas de seguridad "deben tener presentes" cuando tramitan los atestados, "para que los órganos judiciales puedan tenerlo en cuenta" en los diferentes procesos a los que se somete al supuesto agresor.
Varela explicó además que, durante el proceso judicial, "hay información nueva" procedente tanto de la declaración de la víctima como de la de los testigos "que debe revertir de nuevo a las unidades de seguridad policial para maticen la valoración del riesgo" realizada inicialmente.
