El maltrato a animales baja en Galicia

ANA RAMIL | A CORUÑA Los gallegos sancionados por provocar lesiones, dolor o incluso la muerte a animales domésticos descendieron un 72% en los últimos dos años. La Xunta multó a un total de 18 ciudadanos por maltrato grave a mascotas en 2007 mientras que la cifra bajó hasta los cinco durante el pasado año, según los datos de la Consellería de Medio Rural. El descenso se inició ya en 2008: en sólo doce meses, las infracciones de este tipo bajaron un 50% al sancionar a nueve personas.

La ley autonómica de protección de animales domésticos y salvajes en cautividad considera infracción grave lesionar a una mascota, mutilarla sin necesidad o sin el control de un veterinario, no vacunarlas, venderlas fuera de los establecimientos autorizados o acumular varias sanciones leves. Para cualquiera de estos casos, la multa oscila entre los 300,52 y 3.000, 06 euros y se contempla la posible retirada del animal a un refugio. Los inspectores de la Xunta detectaron cuatro delitos de este tipo durante el pasado año: dos en A Coruña y dos en Pontevedra, uno de ellos relacionado con la tenencia ilegal de un animal peligroso.

Las infracciones graves bajaron en todas las provincias aunque no siempre el descenso fue progresivo. Mientras en A Coruña, los propietarios de mascotas sancionados por maltrato grave en 2007ascendían a media docena, para bajar a uno en 2008 y dos en 2009 -lo mismo ocurrió en Pontevedra (seis, dos y dos, respectivamente) y Ourense (dos y ninguno)-, en Lugo se pasó de tres casos hace dos años, a seis en 2008 y a ninguno en los últimos doce meses.

Las sanciones económicas se elevan de los 3.000 hasta los 15.000 euros cuando la infracción es tipificada como "muy grave", es decir, cuando el maltrato termina con la vida de la mascota, se organizan espectáculos o peleas con animales que impliquen crueldad, se venden para experimentación o se esterilizan sin el control facultativo necesario. La Xunta sólo sancionó durante el 2009 a un propietario ourensano por un delito de este tipo.

Por otra parte, la normativa gallega tipifica como infracción administrativa grave el abandono de los animales domésticos o aquellos salvajes que viven en cautividad. La Consellería de Medio Rural multó a cinco ciudadanos el pasado año por este motivo. A Coruña, con dos casos, fue la provincia con más sancionados; seguida de Lugo, Pontevedra y Ourense, donde se registró una falta por abandono en cada zona. Este tipo de delitos se mantienen en la comunidad gallega ya que durante 2008, la Xunta también detectó cinco infracciones: uno el Lugo, dos en Pontevedra y dos en Ourense.

Pero la legislación autonómica no sólo establece qué actitudes son motivo de sanción sino las obligaciones que cualquier propietario de mascotas debe cumplir desde el momento en que adquiere un animal doméstico.

Cualquier dueño de un animal doméstico debe mantener a su mascota en "buenas condiciones higiénicosanitarias y realizar cualquier tratamiento preventivo que haya sido declarado obligatorio o que sea necesario para su bienestar o la protección de la salud pública".

Además, el propietario debe proporcionarle la alimentación, agua y cuidados que estén en consonancia con las "necesidades fisiológicas y etológicas del animal" así como facilitarle un alojamiento que deberá garantizarle un ambiente "adecuado, cómodo e higiénico".

La Consellería de Medio Rural sólo sanciona los casos de maltrato grave a animales domésticos o salvajes en cautividad ya que los casos leves se evalúan y penalizan desde los ayuntamientos. La mayoría de las infracciones son detectadas por agentes el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil pero también los ciudadanos anónimos que detecten cualquier delito pueden denunciarlo.

Cuando alguien sea testigo o conozca la existencia de cualquier maltrato a un animal debe denunciar lo sucedido ante los agentes forestales de la delegación provincial de Medio Rural, a la Policía Local de su municipio o bien llamar al Seprona, cuyo número es el 062. Inspectores de la Xunta comprobarán la veracidad de los hechos denunciados e impondrán la sanción correspondiente que incluye una pena económica de hasta 15.000 euros -en función de la gravedad de la infracción- y la posible retirada del animal.