La Xunta pagará la ayuda a dependientes fallecidos sólo si hubo gasto de residencia

X. A. T / P. P / AGENCIAS | SANTIAGO La Xunta aprobó ayer el decreto de dependencia que reduce de dieciocho a seis meses la tramitación de las solicitudes y reconoce el derecho a cobrar la ayuda a aquellos familiares de dependientes fallecidos mientras esperaban a que se resolviera su expediente. Pero no todos podrán beneficiarse de estas prestaciones que se concederán de forma póstuma, ya que será requisito imprescindible presentar justificantes de gasto de una residencia o de que se ha contratado a un cuidador profesional, lo que en la práctica excluye a todos aquellos dependientes que hayan sido asistidos por sus parientes, situación que es la más habitual en Galicia.

La razón, según explica la Consellería de Traballo e Benestar, es acotar el número de posibles beneficiarios y evitar posibles conflictos jurídicos, ya que podría haber disputas entre varios herederos reclamando el derecho a cobrar la prestación de la Xunta.

Los justificantes de gasto no serán el único requisito para recibir la ayuda de los dependientes fallecidos. La Consellería de Benestar también reclamará una copia del expediente que se le abrió al presentar la solicitud para comprobar que al fallecido le correspondía, según el calendario de implantación de la ley de dependencia, recibir la prestación antes de la fecha de su defunción.

Las alegaciones presentadas por diversos colectivos así como los consejos del Consello Consultivo obligaron al departamento que dirige Beatriz Mato a introducir cambios en el borrador inicial de este decreto. Una de las novedades de la norma aprobada ayer es la habilitación de una vía de urgencia para que aquellos dependientes que sufran malos tratos físicos o psíquicos, se encuentren en situación de desamparo o su salud esté en riesgo reciban "en cuestión de días" una atención inmediata por parte de la Xunta.

En el resto de los casos, Traballo garantiza que en seis meses obtendrán respuesta a su solicitud de ayuda. Si transcurrido ese plazo la Xunta no encontrase ningún servicio disponible para atender al dependiente se le otorgará una cantidad económica para costearle su estancia en una residencia privada o pagar a un cuidador.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, denunció ayer que mientras la Xunta invierte 370 millones euros al año para aplicar la ley de dependencia, sólo recibe 150 del Gobierno para este fin, por lo que cifró la "deuda" de éste con Galicia en 220 millones y advirtió de que "no parará" hasta que cumpla su compromiso de aportar el 50% para su financiación.

"Galicia cumple, pero el Gobierno no", lamentó el presidente, quien resaltó que la Xunta cerró el ejercicio de 2009 inyectando 100 millones de euros más a la dependencia, alcanzando los 370 millones de euros y subrayó que si la comunidad recibiese otros 370 -en vez de 150- del Ejecutivo central, en Galicia cobrarían "todos los dependientes".

Con todo, el mandatario autonómico garantizó que la Xunta mantendrá su compromiso de poner "el cien por cien" de lo que le corresponda a la hora de financiar la aplicación de la norma, al tiempo que solicitará al Gobierno que "cumpla con su parte". "Y no pararemos hasta que lo consigamos", advirtió para enfatizar los logros de su Gobierno en su "inequívoca apuesta" por la dependencia. De este modo, explicó que el "aumento" del presupuesto dedicado a este fin permitió que, a día de hoy, haya más de 24.000 gallegos que perciben las ayudas que otorga la ley de dependencia, lo que supone un 70% más que en abril de 2009. Además hay 19.600 grandes dependientes que ya cobran.