El Consorcio de Servicios de la Xunta abrirá este año 19 nuevas guarderías

PAULA PÉREZ | SANTIAGO Con los municipios del PSOE en pie de guerra y amenazando con marcharse del Consorcio de Servicios de Igualdade e Benestar, este órgano aprobó ayer sus presupuestos para 2010 que permitirán poner en funcionamiento a lo largo de este año 19 nuevas escuelas infantiles y veinte centros de mayores. Los alcaldes socialistas, sin embargo, recriminan a la Xunta que no cumpla los convenios que el Gobierno bipartito había firmado con los concellos para la creación de nuevas infraestructuras. Desde el Consorcio aclaran que no renuncian a estos equipamientos, pero que la falta de fondos les obligará a aplazar algunos proyectos comprometidos y priorizar aquellos que están en construcción.

La cuestión es que las finanzas de este órgano -integrado por 267 ayuntamientos y cuatro mancomunidades- no se encuentran muy boyantes. El gerente del Consorcio, Roberto Rodríguez, acusó al gobierno del bipartito de dejar un déficit de cuatro millones de euros y denunció además la existencia de gastos por conceptos sin aclarar que ascienden a un millón de euros, a lo que se suma otro medio millón que se gastó del que no constan facturas. Por esa razón, la Xunta había encargado una auditoría interna sobre las cuentas de esta entidad creada por la Vicepresidencia que dirigía Anxo Quintana.

A las dificultades económicas se suma, según la Xunta, el "sobredimensionamiento del Consorcio", es decir, se comprometieron más centros de los necesarios. Por esa razón, la prioridad será terminar las obras que están en marcha. Para 2010 la previsión es que entren en funcionamiento las 19 guarderías y los veinte centros de atención a personas mayores.

El objetivo es "trabajar con plazos e inversiones realistas y con planificación", según el departamento que dirige Beatriz Mato. Hasta ahora, según denunció Roberto Rodríguez, los presupuestos se gestionaron "sin rigor" y no existía además ningún tipo de control sobre ellos.

Pero las explicaciones del Gobierno gallego no convencen a los socialistas que advierten que "no actuarán de marionetas al servicio de la derecha" y que "adoptarán medidas para que se cumplan los protocolos firmados con los ayuntamientos". La secretaria de Benestar del PSOE, Beatriz Sestayo, anunció que están preparando un documento en el que estipularán sus condiciones para permanecer en el consorcio.

Este órgano celebró ayer una asamblea en Santiago, presidida por la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, para aprobar las cuentas de 2010. En el capítulo de inversiones se recoge una cuantía cercana a los 30 millones de euros, aunque dieciocho se corresponden con obras cuya inversión estaba ya comprometida presupuestariamente desde 2009. De esta manera, la nueva aportación de la Xunta para este año se reduce a 15 millones, si bien una parte de este dinero va destinado a tapar el déficit de cuatro millones que arrastra el Consorcio.

El ejercicio de austeridad que practica la Administración autonómica se trasladará a las cuentas de este órgano. De este modo, el gerente destacó que reducirán una media del 70% el gasto en conceptos como publicidad, actos lúdicos y recreativos y reuniones, conferencias, atenciones protocolarias y representativas o comunicaciones telefónicas. Esto les permitirá un ahorro total de 1,2 millones de euros.

El Consorcio de Igualdade e Benestar también está bajo el punto de mira de la organización sindical CIG, que advierte que se está produciendo "un proceso de privatización" de los servicios sociales en Galicia.

O Valedor do Pobo recibió durante el año pasado casi cuatrocientas quejas de ciudadanos vinculadas de un modo u otro con la ley de dependencia, según transmitió ayer Benigno López a la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, con quien mantuvo un encuentro, horas después de que el Consello de la Xunta aprobase el nuevo decreto de dependencia.

Aunque O Valedor admitió que esta nueva normativa "contempla y acoge todas las recomendaciones" realizadas desde esta institución, lo que le hace sentirse "esperanzado", aprovechó la cita para avanzar algunas de las quejas que llegaron a su conocimiento durante el año pasado. Las relativas a la ley de dependencia, con casi cuatro centenares, vuelven a tener protagonismo, aunque los datos relativos a 2008, del que existe una memoria publicada, cifraban en medio millar las quejas protagonizadas por carencias o fallos en la aplicación de esa ley.

No obstante, como también reconoció el alto comisionado parlamentario, sólo un 1 o un 2% del total reflejaban situaciones en las que el dependiente había fallecido antes de percibir la ayuda. López aludió a este detalle porque el nuevo decreto acorta a la mitad los plazos de tramitación y reconoce la retroactividad en los casos durante los que el dependiente fallezca durante el procedimiento, dos peticiones formuladas en 2008 al Valedor. "El nuevo decreto, si bien no acoge en un 100%, sí lo hace en un 99%, el total de las recomendaciones", subrayó.