Los gallegos separados alertan de problemas en los puntos de encuentro

AGENCIAS | A CORUÑA Los puntos de encuentro familiar en Galicia atendieron, desde la creación del primer centro de estas características en 1999, a casi 3.500 personas, según datos facilitados por la Consellería de Traballo e Benestar. Su funcionamiento no está, sin embargo, exento de polémica ya que la Asociación de Pais e Nais Separados denuncia "defectos" en el funcionamiento y en sus infraestructuras.

El primer punto de encuentro abrió en Vigo en 1999 de forma experimental y en 2000 se creó la red de puntos de encuentro familiar en Galicia, donde existen en la actualidad siete centros de estas características en las principales ciudades gallegas. Todos ellos son titularidad de la Xunta aunque su gestión corresponde a entidades sociales sin ánimo de lucro.

En estos centros se produce el intercambio de menores, derivados bien por una orden judicial o por los órganos competentes en materia de servicios sociales en los supuestos de menores en los que la Xunta tenga asumida la tutela o guarda.

Los principales tipos de intervención se refieren al intercambio de menores, como el caso de padres separados con mala relación familiar; visitas tuteladas, con supervisión de una persona del centro o visitas sin supervisión, casos en los que no existe posibilidad de que la visita se desarrolle en otro lugar y el centro pone a disposición de las familias sus instalaciones.

"La infraestructura de algunos puntos de encuentro es inadecuada y más cuando son visitas tuteladas en pisos", indica el presidente de la Asociación de Nais e Pais Separados, Antonio Díaz, quien también denuncia su "saturación" y afirma que el tiempo de espera "suele de ser varios meses lo que supone que sea un tiempo en el que los padres no ven a sus hijos".

Antonio Díaz puso también en duda el propio sistema de funcionamiento de los puntos de encuentro. "Cuando se pusieron en marcha, se crearon asociaciones ex proceso para ellos y no creemos que sea lo adecuado", indicó al reclamar una gestión directa por parte de la Administración gallega.