El sector del transporte escolar exige prorrogar todas las concesiones

PAULA PÉREZ | SANTIAGO Las empresas de autobuses acusan a la Xunta de incumplir la ley de transporte público aprobada el pasado mes de noviembre y amenazan con desmarcarse y dejar sin efecto esta normativa que prorrogaba diez años las concesiones de los transportistas a cambio de que rebajasen un 7% su facturación. El sector denuncia que, a pesar de haber rebajado sus tarifas, tal y como dicta la norma, la Consellería de Educación se niega a aplicar la renovación automática de los contratos por un periodo de diez años al 30% de las empresas que se encargan del transporte escolar en la comunidad. Estas compañías seguirían ejerciendo el servicio pero su convenio se negociaría anualmente.

Esto ha suscitado la oposición de los transportistas que ahora tienen sólo seis días de plazo para sumarse al acuerdo con la Consellería de Medio Ambiente para prorrogar las concesiones hasta 2020. Si hay más de un 10% de empresas que no lo suscriben, la ley quedaría automáticamente sin efecto.

Y si la normativa que regula el transporte público en Galicia no se aplica, sector y Xunta tendrían que partir de cero y empezar a negociar de nuevo una a una las concesiones de transporte, ya que una directiva europea impide prorrogarlas automáticamente, salvo que exista el amparo de una ley como la aprobada en noviembre. Entretanto, según advierten los transportistas, se daría la circunstancia de que haya autobuses que operen por la comunidad autónoma con la concesión caducada.

"Somos los primeros interesados en buscar un acercamiento y soluciones", aseguraron ayer los representantes de las principales organizaciones que aglutinan a las empresas de transporte de viajeros de Galicia y que mantuvieron una asamblea en Santiago.

El martes tendrán una reunión con responsables de la Consellería de Medio Ambiente pero el plazo que da la ley para sumarse al Plan de Modernización de la Xunta y prorrogar las concesiones expira el día 16 de marzo.

Según explica el sector, la Consellería de Educación alega que existen problemas "jurídicos" que impiden renovar unos 480 conciertos a empresas de la comunidad gallega que constaban como contratos menores y no como contratos fijos como el resto de las compañías del sector.