Duro varapalo de los científicos al proyecto de ley de la ciencia, que pone en duda su futuro

E. G. | A CORUÑA El anteproyecto de ley presentado por la ministra Garmendia abre "un panorama descorazonador para la ciencia, que en este momento se enfrenta a una drástica reducción de sus recursos y a una propuesta de ley que no aporta soluciones a sus verdaderos problemas". Lo dicen dos informes de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) -entidad que agrupa a más de treinta mil investigadores en el país y que preside Joan Guinovart- a los que ha tenido acceso LA OPINIÓN y que serán presentados hoy en Madrid.

Los científicos españoles van a dar hoy un fuerte tirón de orejas a la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, y a la ley de la ciencia que ella promueve. Lo harán en una comparecencia pública y a 24 horas vista de que el anteproyecto sea previsiblemente aprobado por el Consejo de Ministros. Falta por saber si el muy sonoro suspenso que los científicos dan al texto legal puede suponer un aplazamiento en su aprobación, toda vez que la ministra Garmendia insistió a lo largo de los últimos meses en la necesidad de que la ley de la ciencia fuera una ley de amplio consenso.

La Cosce había nombrado meses atrás a un comité de expertos compuesto por catorce investigadores de prestigio (tan sólo una mujer, la catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, Felisa Verdejo). En ese comité de expertos tiene voz propia el matemático asturiano Juan Luis Vázquez, que ya se había mostrado muy crítico con el primer borrador presentado por Garmendia. Se mejoraron cosas pero parece que no lo suficiente. Para la Cosce, la ley "no va a servir para darle a la ciencia española la competitividad global que requiere, por eso creemos que su aprobación con el contenido actual no es conveniente".

Hay muchas cosas que no gustan a los científicos, que hacen especial hincapié en el asunto de la financiación. La Cosce demanda una financiación estable de la ciencia que proporcione más calidad al sistema. Guinovart recuerda que "mientras en los países europeos se destina una media del 1,8% del PIB a inversión en ciencia, en España estamos en el 1,1% según los cálculos más recientes". La diferencia parece de matiz, pero no tanto porque hablamos de muchos millones de euros. Los científicos españoles hablan de "un impulso necesario en un paisaje de objetivos incumplidos: se anunció que la inversión en ciencia iba a suponer un 3% del PIB español en 2010". La realidad es que se supera a duras penas un tercio de aquellos demasiado optimistas pronósticos.

Analizando la letra menuda la Cosce critica algunos de los aspectos concretos de la que llaman "ley Garmendia".

-La ley es de ámbito de aplicación reducido.

-Hay en el texto mucho detalle innecesario, mucha reglamentación pero están muy poco claros los principios fundamentales.

-La participación de las comunidades autónomas no está suficientemente elaborada. Es una de las principales preocupaciones de los científicos que atisban el peligro de una atomización de recursos y una dispersión de objetivos. Hay un párrafo en el informe de la Cosce muy aleccionador: "Existe un problema de poder difuso que no existía en 1986. Las comunidades autónomas gestionan gran parte de la inversión en el Estado y tendrán influencia en las decisiones a través del consejo de Política Científica. No está claro que tales órganos muy políticos sean mínimamente operativos".

-No aborda la reforma del sistema de gobernanza de los agentes ejecutores. Es decir, la gestión. "Los altos niveles de calidad exigidos por la competitividad en el actual contexto globalizado implican una gobernanza con grados de libertad mucho mayores. Sin libertad y autonomía no es esperable que los agentes asuman los riesgos del futuro", señala el documento que la Cosce hará público hoy.

- "La ley no refleja adecuadamente el gran papel que las Universidades juegan en la investigación en España, y tampoco refleja la investigación desarrollada en los hospitales". Era una de las críticas efectuadas al primer borrador y que, al parecer, no fue corregida.

-La carrera investigadora que se propone no garantiza que se resuelva el problema de la selección de personal investigador de calidad ni su movilidad, dos de los mayores problemas de la situación actual. "Esta libertad y autonomía deben ir acompañadas de controles y rendición de cuentas adecuados y realmente aplicados. Un sistema en que los agentes ineficaces no incurren en riesgo alguno conduce necesariamente al estancamiento ya evidente en amplios sectores y, a largo plazo, al fracaso de todo el sistema".

La Cosce lamenta que no se defina una Agencia de Evaluación con garantías de independencia respecto de las fuentes de financiación. Y duda de que la reforma de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) garantice la consecución de objetivos, con referencia especial al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).