La nueva ley antipiratería, sin cambios

AGENCIAS | SEVILLA El Consejo de Ministros aprobó ayer en Sevilla enviar al Congreso la normativa que prevé el cierre de webs que permitan realizar descargas ilegales. Las medidas contra la piratería en internet, incluidas dentro del proyecto de ley de economía sostenible, fueron aprobadas sin modificaciones sustanciales con respecto al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de enero. El texto de la disposición no se conocerá, sin embargo, hasta que sea remitido al Congreso. El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno prevé un sistema mixto para decidir sobre el cierre de webs en el que intervendrán una comisión de propiedad intelectual y la Audiencia Nacional.

El Gobierno ha dado luz verde a la tramitación del texto de las descargas ilegales después de conocer los informes de diversas instituciones consultivas que informaron sobre el texto de la disposición adicional. Para el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno no ha tenido en cuenta la "importante carga de trabajo" adicional que supondría para los juzgados afectados atajar las descargas ilegales en la Red. Sin embargo, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, minimizó esta misma semana los efectos de la ley sobre los juzgados de lo contencioso administrativo que, según admitió, ya se encuentran saturados.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado fue más allá al calificar de "dudoso" que la protección intelectual deba ponerse a la misma altura que la del resto de los bienes jurídicos protegidos por la ley de servicios de la sociedad de la información. Criticó, asimismo, que se haya situado la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual al mismo nivel que la del orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la juventud y de la infancia.

El anteproyecto de ley que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros contempla que sea la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional la encargada de decidir si se cierra una página web que infrinja los derechos de propiedad intelectual.

La normativa prevé la creación de una comisión de propiedad intelectual -un organismo administrativo dependiente del Ministerio de Cultura- que será el encargado de recibir las denuncias de autores que creen que se han vulnerado sus derechos y detectar sitios webs que incumplan la ley. Por el momento, no se ha dado a conocer la composición de esta nueva comisión.

Una vez detectada una supuesta infracción, los expertos enviarán el informe a la Audiencia Nacional donde el juez deberá decidir, mediante un proceso "ágil, eficaz y con las máximas garantías" y en un plazo máximo de cuatro días, si ordena el cierre preventivo o bloqueo de una página web.

Protestas de los internautas

El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, advirtió ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que "pagará en las urnas el absoluto desprecio que tiene por el mundo de internet", y anunció que "darán batalla" en el Congreso de los Diputados para modificar la ley de cierre de páginas webs que ya rechazaron en el momento en que se adelantó su contenido en enero.

Domingo afirmó que la aprobación de la ley de economía sostenible "va a ser la tumba política" de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. Además calificó de "tremendo error" la insistencia del Ejecutivo en aprobar dicha ley, "a pesar de los informes emitidos por distintas instituciones como el Consejo Económico y Social".

A su juicio, Zapatero ha mostrado el "absoluto desprecio que tiene por el mundo de internet y, sobre todo, la mala conciencia que tiene por una ley que le puede poner en Europa como uno de los liberticidas, incluso por encima del presidente de Francia Nicolàs Sarkozy".

"No ha cambiado nada sobre el texto que venimos criticando", lamentó el presidente de la Asociación de Internautas. Por ello, anunció que "darán la batalla" en el Parlamento, donde van a contactar con lo distintos grupos parlamentarios para que rechaces el texto "a la primera". Además, entablarán contactos con la propia Subcomisión de Propiedad Intelectual. "Vamos a hacer acciones tanto dentro como fuera de la Red para llamar la atención sobre este asunto", sentenció.