Más de 800 gallegos, denunciados en un año por no pagar la pensión a sus hijos

M. FONTÁN | A CORUÑA Un gallego se sentará el próximo martes en el banquillo acusado de no pasar la pensión a su hijo: se enfrenta a una condena de siete meses de cárcel porque presuntamente debe más de 10.000 euros correspondientes a las mensualidades de los últimos cuatro años. Casos como el de este padre separado son cada vez más frecuentes en los juzgados, un fiel reflejo de cómo la crisis ha provocado que se disparen los impagos de las cantidades que los progenitores deben pasar a sus hijos tras una ruptura matrimonial. El incumplimiento de esta obligación suele derivar en ejecuciones forzosas de cuentas bancarias o bienes por parte de los juzgados de Familia, pero cuando la vía civil se torna insuficiente para resolver la situación, las madres -que son generalmente quiénes tienen la custodia- no dudan en acudir a la penal. Y cada vez más, porque durante el pasado 2009 los tribunales gallegos registraron más de 800 denuncias por este motivo, casi un 30% más que en el año anterior.

Acabar en el banquillo de los acusados por no pasar la manutención a un hijo puede tener consecuencias muy graves: una pena de prisión que puede ir de tres meses a un año o una multa que oscila entre los seis y los 24 meses. De este modo lo establece el artículo 227 del Código Penal, que contempla este castigo para "el que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos".

Los abogados aconsejan la vía penal como él último de los recursos. "Presentas la denuncia cuando no encuentras otra salida", coinciden varios juristas gallegos. Y es que el primer paso debe darse en los juzgados de Familia, solicitando la ejecución de la sentencia dictada por el magistrado, en la que se fija la cuantía de la pensión. Si hay una nómina o una cuenta bancaria, la sala retiene de ahí la cantidad a la que asciende el impago. También puede embargar pisos, coches o cualquier otro bien a nombre del deudor. El problema es cuando no hay a donde agarrarse. "Tuve un caso de un impago reiterado y anunciado; el hombre le dijo a su ex mujer te vas a enterar y no te pago y vendió los coches, cambió las cuentas para no figurar como titular...; su justificación era que le iba mal y no tenía dinero", relata el letrado Manuel Peralta.

Aumentos

Casos como éste son los que suelen acabar en forma de denuncia en los juzgados penales. "Parece increíble, pero una excusa muy típica del que no paga es que ahora tiene otra familia y otros hijos a los que mantener", explican. Durante el pasado año fueron 831 los gallegos denunciados por no pasar pensiones, frente a los 648 de 2008, lo que supone un aumento del 28%.

La crisis está detrás de muchos de estos casos pero no siempre es así. "Hay mucha picaresca; más de uno pone la excusa de la situación económica para no pagar", sostiene este abogado gallego, quien añade: "Aunque haya una caída de ingresos, uno no puede dejar de pasar la pensión hasta que lo diga un juez. Estas personas tienen que iniciar un procedimiento de modificación de medidas para que el magistrado resuelva conforme la nueva situación económica".

Este abogado gallego reconoce que recurrir a las denuncias sirve en ocasiones para que los progenitores terminen pagando la pensión alimenticia que deben a sus hijos. "En ocasiones sí porque se les mete el miedo en el cuerpo. Cuando un padre se ve declarando como imputado por un delito castigado con prisión, paga por temor a las consecuencias", sostiene Peralta.

Algo que, asegura, no siempre sucede: "Si es insolvente y se demuestra que no tiene nada, no hay nada que hacer".