El Consejo de Ministros aprobó ayer la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación sin haber logrado el visto bueno de los científicos, cuya principal entidad, la Confederación de Entidades Científicas de España (Cosce), se mostró especialmente crítica con el proyecto, que comenzó a redactarse en 2008 y sustituirá a la norma vigente desde 1986.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, con la nueva regulación, España, "que ya es la novena potencia, va a consolidarse entre los países con más producción científica del mundo y a aumentar la capacidad para transformar el conocimiento y al innovación".

La titular de Ciencia, Cristina Garmendia -ausente en la rueda de prensa al estar preparando la reunión del Eurogrupo- encargó hace casi dos años a un grupo de expertos una primera redacción del texto que ha sido consultada con la comunidad científica y los partidos políticos en diversas rondas de negociación.

El ministerio de Ciencia e Innovación aseguró en un comunicado su "voluntad de aprobar esta ley con el mayor consenso posible" y "contar con las valoraciones de los colectivos implicados". En este sentido, De La Vega dijo que "la ley apuesta por la cooperación" y es "una norma importante por la que vamos a mejorar el progreso".

Esta ley pretende adaptar el sistema de ciencia a las circunstancias actuales de España, que cuenta con un mayor volumen de investigadores -seis veces más que en 1986- y de fondos dedicados a la I+D+i -14 veces más que en 1986-.

Entre las novedades aprobadas ayer, la ley, que llegará al Parlamento con retraso, incluye la promoción de los centros y unidades de excelencia (tamaño mínimo de un grupo de investigación). Para el portavoz del PP en la Comisión de Ciencia del Congreso, Gabriel Elorriaga, el consenso "es posible y, sobre todo, deseable", aunque advirtió que le "falta concreción".

Sin embargo, UGT y CCOO expresaron su "total rechazo" y su "preocupación" ante el "fracaso de las reuniones" mantenidas en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, porque no se ha atendido "ninguna" de sus peticiones para tratar conjuntamente aspectos de recursos humanos relativos a la carrera de las distintas escalas del personal de investigación del proyecto de ley de ciencia. En un comunicado conjunto, señalan que la negociación del Título II del borrador de la ley no refleja ningún aspecto de los solicitados por éstos sobre las escalas del personal investigador, con el fin de que la nueva norma afectara no sólo al personal investigador sino al conjunto del sector, tales como funcionarios y laborales, investigadores, técnicos y gestión. No obstante, apuntan que en estos últimos meses se han producido "algunos acercamientos" pero también "serias diferencias".

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rafael Rodrigo, resaltó la importancia de esta ley porque da "un impulso adicional" a la investigación en España. Rodrigo explicó que el proyecto de ley "pretende poner herramientas al servicio de la comunidad científica para desarrollar el trabajo de un modo más flexible".