Los ministros de Sanidad de la UE aprobaron ayer, pendiente de ratificación de la Eurocámara, la nueva norma comunitaria cuyo objetivo es acotar los derechos de los pacientes que viajan para recibir tratamiento en otro Estado miembro, por ejemplo, para saltarse una lista de espera.

España logró un apoyo mayoritario para su propuesta de compromiso, más restrictiva que el plan original de la Comisión y aumenta el número de casos en los que se necesita autorización previa para ir a tratarse en el extranjero con el objetivo de limitar el turismo sanitario.

Sólo Polonia, Portugal, Eslovaquia y Rumanía se opusieron al compromiso español alegando que la nueva norma pone en riesgo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios nacionales en un momento de crisis y reclamando más límites para los tratamientos transfronterizos.

"Hemos alcanzado ya una amplia mayoría sobre el acuerdo político que presenta la presidencia en colaboración con la Comisión", destacó la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez. "Es una propuesta realista en la que todos hemos cedido un poco", señaló.

El comisario de Sanidad, John Dalli, agradeció los "esfuerzos" y el "liderazgo" de la presidencia española y dijo que la nueva norma "garantizará que los pacientes sean conscientes de sus derechos a la asistencia sanitaria transfronteriza y demostrará que la UE trabaja en beneficio de sus ciudadanos", aunque, admitió, el Ejecutivo europeo prefería "un texto más innovador".

Jiménez logró el pasado diciembre bloquear el anterior borrador de esta directiva alegando que no garantizaba una atención de calidad y que supondría un coste adicional a la sanidad española de 2.000 millones de euros anuales.