La nueva ley del aborto entró ayer en vigor con la resistencia de las comunidades de Murcia y Navarra, que han mostrado su rechazo a la norma, mientras que el Gobierno confía en que se aplicará "con toda normalidad" y "sin mayores problemas" en todas las autonomías. Primero la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y poco después el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendieron ayer la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo porque "está destinada a prevenir embarazos no deseados y reducir el número de abortos".

Ambos, así como el ministro de Justicia, Francisco Caamaño se mostraron convencidos de la constitucionalidad de la ley -después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso del PP sobre la norma- y subrayaron que ésta ofrece más protección tanto a las mujeres como a los profesionales. "Esta ley homologa a España con otros muchos países. Es una muy buena norma que trae seguridad donde antes no la había, da derechos a las mujeres y ha sido aprobada por las mayorías exigidas democráticamente por el Parlamento", señaló Caamaño.

Sin embargo, y aunque Aído destacó "la lealtad institucional" de las autonomías, Murcia y Navarra ya han anunciado su rechazo a la ley. El consejero portavoz del Ejecutivo navarro, Alberto Catalán afirmó que la práctica de abortos en Navarra "va a seguir siendo la misma", es decir, se garantizará las interrupciones voluntarias del embarazo a las mujeres en los supuestos legales, pero las intervenciones se harán fuera de la comunidad foral.

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel aseguró ayer que "no hay razones para acatar" la ley del aborto puesto que ésta "todavía no está en su punto y final", debido a que el Constitucional no ha decidido sobre los recursos presentados por el PP y el Gobierno de Navarra.

Por su parte, la portavoz de Política Social del PP, Sandra Moneo explicó ayer que las comunidades que gobiernan los populares "harán el máximo esfuerzo por ofrecer a las mujeres y jóvenes toda la información" que necesiten ante embarazos no previstos. Estas autonomías no han sido las únicas voces críticas con la ley, la Conferencia Episcopal ha considerado que la norma "impone" en el sistema educativo obligatorio "la ideología abortista y de género".

Asimismo, varias asociaciones, encabezadas por el Centro Jurídico Tomás Moro presentaron un recurso colectivo de amparo contra la ley del aborto, entre otros motivos, por la "ley de plazos".

Con la reforma de la norma, las mujeres pueden interrumpir su embarazo hasta la semana catorce de gestación sin necesidad de dar explicaciones y hasta la 22 en caso de riesgo para su salud física o psíquica y también por enfermedad grave o malformaciones del feto.

En este sentido, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad estimó que la discapacidad "nunca" puede ser un hecho relevante que permita o determine "tratos desiguales a los derechos" y tachó la norma de discriminatoria. Además, la Organización Médica Colegial criticó que se otorgue al médico la responsabilidad de decidir si una menor de 18 años puede abortar.