Las universidades gallegas tendrán que rendir cuentas obligatoriamente y con carácter anual a la administración autonómica, que controlará exhaustivamente a las instituciones académicas para velar por su equilibrio presupuestario. La Consellería de Facenda, departamento encargado del control y la supervisión de la gestión del dinero en los campus, vetará las cuentas de dichas instituciones si considera que los gastos que plantean son excesivos, teniendo en cuenta su presupuesto real para invertir. Se trata de una herramienta para garantizar el ajuste entre transferencias, ingresos, gasto corriente e inversiones que se introduce, por primera vez y por escrito, en el plan de financiación de estas instituciones, aprobado esta semana por la Xunta.
Además de gastos corrientes, financieros, transferencias de capital e inversiones reales, la Consellería de Facenda tendrá también la última palabra en relación a la plantilla docente de las instituciones universitarias, que deberán remitir al Ejecutivo autonómico información sobre sus cuadros de personal y el coste de los mismos. El capítulo 1 (gasto de personal) es, precisamente, al que las tres instituciones gallegas destinan gran parte de sus fondos. Respetando "la autonomía de las universidades para elaborar sus cuadros de personal", según explican fuentes consultadas, el Ejecutivo autonómico controlará "la masa salarial destinada a este capítulo" y su evolución en una época en la que la reducción presupuestaria general obliga a ajustarse.
"Las universidades del Sistema Universitario de Galicia (SUG) presentarán, antes del 31 de julio de cada año de vigencia del plan, la relación de puestos de trabajo, consensuada previamente con los representantes de los trabajadores y debidamente valorada para el personal de todas las categorías de la universidad. A esta relación se acompañará la previsión de las modificaciones que se vayan a hacer efectivas en el ejercicio presupuestario siguiente". Así consta en el nuevo plan de financiación del SUG 2011-2015. El documento añade que cualquier modificación en la estructura orgánica de las universidades o cambios en la relación de puestos de trabajo, incluyendo sus costes, "se remitirán a la Consellería de Educación para su autorización por parte de la Consellería de Facenda". Aunque hasta ahora el Ejecutivo autonómico podía solicitar puntualmente a las tres instituciones académicas de Galicia información detallada sobre el estado de sus cuentas (a mayores de la actividad del propio Consello de Contas de la comunidad) no era una práctica habitual, según explican desde la Consellería de Educación.
Aprovechando el diseño del nuevo plan de financiación de las universidades, que implica la presentación por parte de cada institución de un plan de sostenibilidad para calcular el reparto de fondos a partir de 2012 (una vez cerrados los presupuestos de 2011), se introduce de modo formal y oficial este sistema de control en el propio texto.
Según la Consellería de Educación, pese a que hasta ahora este control no se había materializado, la propia ley de universidades (la LOM-LOU) establece que se aplicará a las universidades "la legislación financiera y presupuestaria del sector público". En el artículo 81 la legislación universitaria dice que las comunidades autónomas "establecerán las normas y procedimientos para el desarrollo y ejecución del presupuesto de las universidades, así como para el control de las inversiones, gastos e ingresos de aquellas". La ley se refiere además a la vigilancia de las plantillas: "Al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los costes de la misma. Los costes del personal docente investigador, así como de administración y servicios, deberán ser autorizados por la comunidad autónoma".
La Xunta lo ha plasmado en el nuevo plan de financiación. "Las universidades deberán remitir a Intervención Xeral la información sobre la ejecución de su presupuesto de modo que permita su consolidación con el resto del sector público para la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad financiera", se incluye en el texto.
Si las universidades no remiten la información en los plazos establecidos, la Xunta procederá a la retención de la parte que le corresponde del Fondo para la Mejora de la Calidad "y se tendrá en cuenta para determinar el porcentaje de participación de la institución en dicho fondo en el siguiente ejercicio". Facenda, para realizar el seguimiento de las cuentas, elaborará un plan sectorial de contabilidad que se adaptará, posteriormente, al modelo de referencia de contabilidad de costes que se cree en el ámbito estatal, entre otras medidas.
