En un pleno cargado de proyectos legislativos por tratarse del último del actual periodo de sesiones, el Parlamento aprobó con los únicos votos del PP la Lei de convivencia e participación escolar que, entre otros aspectos, supone el reconocimiento de los profesores como autoridad pública, define y establece las medidas para evitar el acoso escolar o ampara la posibilidad de realizar consultas a los padres para conocer sus preferencias sobre el uso del idioma en las aulas. El grupo mayoritario defendió la nueva norma para mejorar la calidad educativa, lograr una mayor participación de las familias, solucionar los conflictos de convivencia y dotar de mayor autonomía y poder de decisión a los centros.

Pero la oposición la ve "innecesaria", ideologizada y una "farsa" que nace con el objetivo encubierto de permitir las consultas a los padres para que decidan sobre el gallego. De ahí que enfatizara su petición de retirada de los artículos referentes a la encuesta. Además, censuraron el talante "autoritario" empleado por la Consellería de Educación en su tramitación, pues no tuvo en cuenta el rechazo expresado por los sindicatos y el Consello Escolar de Galicia.

El viceportavoz del PP, Román Rodríguez, argumentó que siempre hay quejas cuando se llevan a cabo "reformas", al tiempo que incidió en que ello "no puede condicionar la acción legítima de un gobierno". "Debemos adecuarnos a los tiempos y los resultados de calidad no son los esperados", alegó el parlamentario, que rechazó cualquier interpretación de la ley como un ataque al gallego.

Ante las demandas de la oposición de eliminar las referencias a la participación de las familias, el diputado popular se preguntó: "¿Por qué no quieren que opinen libremente? ¿A qué tienen miedo?". "A que expresen algo distinto de lo que ustedes piensen", se respondió.

El portavoz de Educación del PSdeG-PSOE, Guillermo Meijón, reprochó que la ley se haya aprobado "con el grado más alto de rechazo" de todos los organismos consultivos, del Consello Escolar, del Consello Consultivo y hasta de la Asesoría Xurídica de la Xunta.

También la diputada del Bloque Carme Adán advirtió de que este texto "ni prestigiará la labor docente ni mejorará el clima en las aulas", sino que únicamente servirá para "dar un barniz de legalidad a los recortes en el gallego". Así las cosas, sostuvo que "lo mejor que puede pasar" es que esta ley "sea inocua", porque tiene "máxima ideología y mínima eficacia".

La nueva ley define lo que es el acoso escolar; permitirá requisar cualquier objeto o sustancia considerada peligrosa, autorizará a los centros a dictar normas sobre la vestimenta y define al profesor como una autoridad pública, por lo que cualquier ataque contra su persona tendrá la consideración de delito.