Con las líneas estratégicas ya sobre la mesa desde principios de año, la apuesta por repartir los fondos en función de méritos a modo de incentivo a la competitividad entre ellas, el plan que marcará la ruta de la financiación a las universidades gallegas hasta 2015 avanza también en los detalles. La intención inicial era cerrar un acuerdo este mismo mes de julio. De momento, lo que sí está pactado es un conjunto de medidas destinadas a contener el bolsillo. Un decálogo elaborado por el grupo de trabajo impulsado para esa finalidad al amparo de las negociaciones entre ambas partes y en el que se integran tanto la Xunta como las tres instituciones. Desde la racionalización del gasto corriente, a partidas ligadas a la actividad, como las dietas, pasando por una apuesta clara por el aumento de ingresos con tasas más caras y la reducción de departamentos, además de, precisamente, el giro en las transferencias según el esfuerzo y que se materializa en los contratos programa. El objetivo es agarrar unos 10 millones de euros al año. Y todos están de acuerdo, según la Consellería de Educación.
El propio departamento que dirige Jesús Vázquez hace hincapié en que "solo dos" de las diez ideas "se refieren específicamente al tema de ahorros en el gasto". ¿Cuáles? Por un lado, la racionalización en general del gasto corriente, del que sale el mantenimiento de los centros. En el caso de A Coruña, la partida representa el 13,8% de todo el coste previsto para este ejercicio, casi 129,6 millones de euros. Hasta un 11,4% de los 228,8 millones de euros en las cuentas de Santiago y un 14,6% del presupuesto en Vigo, de 168 millones. Dentro del capítulo global, el decálogo apunta a la reducción en comunicaciones "a nivel local y nacional" y propone, incluso, el uso del programa Skype -que permite llamadas gratuitas a través de internet- "o similares".
El resto de medidas, según avanzó ayer Educación en un comunicado, están orientadas a "compartir recursos, simplificar estructuras organizativas y el aumento de ingresos". Por esta última vía, el grupo de trabajo del ahorro señala abiertamente a los precios públicos y títulos propios, además de la formación continua y el incremento en la retención u overheads, la tasa que se aplica a los costes indirectos y que está ligada, sobre todo, a la investigación. Cada vez que se abre el debate sobre el alza de matrícula, como ocurrió este curso y el pasado ante el impacto de la crisis en la caja de las administraciones, los responsables universitarios advierten de que la repercusión de un encarecimiento apenas se notaría en los ingresos. Su peso, efectivamente, es muy relativo. Apenas un 11,7% del presupuesto actual en A Coruña, el 18,1% en Santiago de Compostela y el 9,2% en Vigo.
La "racionalización" se aplica también en el decálogo a "personal y alumnado" de aquí a 2015, el horizonte con el que se contempla el plan gallego de financiación universitaria. Al igual que se manejó para los títulos, los representantes del grupo -el director xeral y subdirector de Orzamentos de la Consellería de Facenda, el secretario xeral de Universidades y la subdirectora, junto con los tres vicerrectores de Economía- hablan de un "tamaño mínimo" por departamento y fomentar la "tendencia a la fusión", con una reducción de complementos y cargos. En paralelo, el documento habla de crear departamentos "en campus periféricos" para ahorrar "tiempo, dietas y kilometraje", además de mejorar la gestión.
Equipamientos
Por esas mismas razones, el decálogo aboga por concentrar "asuntos de gestión compartida" dentro del sistema universitario "en un único ente", la realización de un inventario de equipamiento científico para que pueda compartirse y una "visión sistémica", es decir, común, de las bibliotecas para conseguir mejores condiciones en compras y la explotación de la base de datos.
Las diez opciones son el resultado, según Educación, de un borrador inicial con 23, que aportaron todos los miembros del grupo y que se sometieron "a valoración y votación" entre todos. La decisión se llevó a la Comisión de Seguimiento del Plan de Financiación el pasado 23 de junio y contó con el respaldo "consensuado y favorable" de sus integrantes. Son "medidas voluntarias" que cada equipo rectoral "adaptará" en función de sus necesidades y prioridades. Cada año se someterán a revisión para medir el efecto conseguido.
