La Xunta quiere aumentar la coordinación con las administraciones locales para optimizar cada euro en un contexto de apuro económico y con el grifo cerrado hasta fin de año para gastos no comprometidos. La Consellería de Benestar dio ayer un paso en esta dirección al iniciar una ronda de contactos con las diputaciones para coordinar la apertura de centros sociales con el fin de evitar gastos duplicados.
El departamento de Beatriz Mato comenzó ayer estos contactos, a nivel técnico, con personal de la Diputación de A Coruña y en los próximos días lo hará con las otras tres y los enmarca dentro de la aplicación de la Lei de Servizos Sociais, que recoge la necesidad de coordinación a la hora de poner en marcha servicios sociales específicos, como son residencias de mayores, centros de día o escuelas infantiles.
El objetivo es evitar la apertura de centros de los que Benestar no tenga conocimiento y puedan desajustar su presupuesto, pues es la Xunta quien pone en marcha y afronta el mantenimiento de las infraestructuras que construyen las diputaciones.
"Estas instituciones levantan los centros, pero luego se mantienen con fondos autonómicos. Entendemos que hacen un esfuerzo, pero debemos estar informados previamente para coordinar nuestras acciones y no aumentar la oferta en lugares donde quizás la demanda es menor que en otros puntos", explican desde el Benestar, que confía en mejorar las actuaciones conjuntas gracias a este proceso de diálogo.
El propio presidente de la Xunta ha reiterado en numerosas ocasiones que el camino a impulsar por su Gobierno será que los ayuntamientos compartan servicios. El ámbito social no será una excepción. "El futuro en el ámbito de los servicios sociales será similar y probablemente un centro atienda a vecinos de más de un ayuntamiento. En este proceso la coordinación debe ser fundamental", añaden desde el departamento dirigido por Beatriz Mato.
Un ejemplo ilustra esta situación de la Xunta: la Diputación de Lugo, que recientemente anunció la puesta en marcha de doce residencias en la provincia que darán empleo a doscientas personas. "Aunque parezca paradójico por el envejecimiento del interior, hay mayor demanda en las provincias costeras", comentan desde la Xunta.
Con más coordinación, argumentan, estos podrían situarse en puntos que pudiesen beneficiar a más población, por lo que consideran vital para la gestión futuro iniciar conversaciones que pretenden únicamente "optimizar y mejorar el funcionamiento de los servicios sociales".
La legislación actual ya se refiere a este punto. La Lei de Servizos Sociais establece que las diputaciones ofrezcan a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes asistencia técnica en la gestión y mantenimiento de servicios sociales básicos, como son las ayudas de para familiares de personas con alguna depenencia o las propias ayudas de emergencia social.
En el artículo 63 también abre la puerta a que la Administración provincial vaya un paso más allá y ponga en marcha servicios específicos (residencias, centros de día...) siempre que haya cubierto los primeros y se coordine con la Administración autonómica "de acuerdo con el Catálogo de servicios sociales y la planificación correspondiente", establece la normativa gallega.
El objetivo que persigue el departamento dirigido por Beatriz Mato es evitar la acumulación de servicios en zonas donde existe sobreoferta, lugares donde puede llegar a duplicarse centros asistenciales de varios tipos por falta de información sobre los planes de actuación entre las distintas administraciones de la comunidad gallega.
